El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra tres jueces del régimen de Daniel Ortega por abusos de derechos humanos, en particular, por despojar de su nacionalidad a más de 300 opositores nicaragüenses y por condenar al obispo católico de Matagalpa, Rolando Álvarez.
Las tres personas designadas hoy son jueces o magistrados presidentes en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Managua, el Tribunal de Primera Instancia del Segundo Distrito en Managua y el Primer Tribunal de Apelaciones Penales de Managua. Estos tribunales confirmaron las decisiones que revocaron la ciudadanía de más de 300 ciudadanos nicaragüenses en febrero pasado.
“Hoy sancionamos a tres jueces nicaragüenses involucrados en el despojo de la ciudadanía por parte del régimen Ortega-Murillo a más de 300 valientes nicaragüenses. Seguiremos presionando por la liberación del obispo Álvarez y el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses”, dijo el Subsecretario de Estado estadounidense Brian A. Nichols, tras el anuncio del Departamento del Tesor.o
Se trata de los jueces Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, Octavio Ernesto Rothschuh Andino y Nadia Camila Tardencilla Rodríguez. Los tres fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, no pueden ingresar a Estados Unidos y todos sus bienes e intereses en propiedad que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados.
“El régimen de Ortega continúa participando en acciones antidemocráticas que se dirigen a las figuras más opositoras de Nicaragua, incluso a través de su sistema judicial”, dijo el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
“Estados Unidos continuará apoyando al pueblo nicaragüense mientras se esfuerza por restaurar las instituciones democráticas”, subrayó Nelson.
Los que quitaron la nacionalidad a opositores
Octavio Ernesto Rothschuh Andino ha ocupado el cargo de presidente y magistrado electo del Tribunal de Apelaciones de Managua. El 10 de febrero de 2023, el presidente magistrado anunció la decisión del tribunal de deportar a 222 nicaragüenses, declarándolos traidores a la nación. Entre ellos había prominentes dirigentes políticos, académicos, sacerdotes, periodistas, dirigentes estudiantiles, campesinos, profesionales y feministas.
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Managua declaró a 222 ciudadanos nicaragüenses traidores al estado y los despojó de su ciudadanía. A otras 94 personas se les revocó su ciudadanía y fueron declaradas “fugitivas de la ley”.
Ernesto Leonel Rodríguez Mejía es un magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Managua. El 15 de febrero de 2023, Rodríguez anunció la decisión del tribunal de despojar a 94 ciudadanos nicaragüenses de su nacionalidad, declarándolos “traidores a la patria”.
Los individuos desnacionalizados fueron críticos francos del régimen de Ortega e incluyeron periodistas notables, defensores de los derechos humanos y el clero. Entre ellos figuran escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, periodistas como Carlos Fernando Chamorro y Wilfredo Miranda, el obispo Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román entre otros.
La que condenó al obispo Álvarez
En el caso de la jueza Tardencilla Rodríguez, es juez en el Tribunal de Primera Instancia del Segundo Distrito de Managua.
El 10 de febrero de 2023, Tardencilla emitió una orden judicial que despojó al obispo católico Rolando José Álvarez Lagos de su ciudadanía nicaragüense y lo condenó por traición, socavando la integridad y la autoridad nacionales, agravando la obstrucción y difundiendo noticias falsas. Tardencilla tiene un largo historial de condenas a opositores nicaragüenses y es considerada una de las juezas más incondicionales de la pareja dictatorial nicaragüense.
“Una de las jueces designadas hoy emitió una orden de sentencia que imponía sanciones a un prominente obispo católico nicaragüense al que se le dio la oportunidad de salir de Nicaragua junto con las 222 personas que se disponían, pero se negó a exiliarse. El obispo fue condenado a más de 26 años de prisión, despojado de su ciudadanía y declarado traidor por ser crítico con el régimen. Estas acciones reflejan el desprecio del régimen por los derechos humanos en Nicaragua”, dice el comunicado del Departamento del Tesoro.
