El Departamento de Estado de Estados Unidos exigió este sábado a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación de los presos políticos en Nicaragua y expresó especial preocupación por la situación del líder indígena Brooklyn Rivera.
A través del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, la institución denunció las condiciones en que permanece detenido Rivera, a quien señaló como uno de los casos más alarmantes dentro del sistema de represión del régimen nicaragüense.
“La dictadura de Murillo-Ortega sigue manteniendo encarceladas a personas mayores y enfermas como Brooklyn Rivera”, dijo el Departamento de Estado.
Rivera, quien permanece detenido desde 2023, habría sido hospitalizado por graves problemas de salud, según han informado medios nicaragüenses. La familia de Rivera no tiene información oficial sobre su paradero.
El pronunciamiento también sostuvo que estas detenciones obedecen a razones políticas y no a delitos comunes.
“Estas personas fueron encarceladas simplemente por discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de derechos básicos y atención médica”, denunció el Departamento de Estado.
Washington elevó además el tono contra el régimen al condenar el trato a quienes critican al Gobierno.
“La crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es inconcebible”, agregó la institución estadounidense.
Brooklyn Rivera Bryan, líder de la etnia miskita y exaliado del Frente Sandinista, fue secuestrado por la Policía de Daniel Ortega en Bilwi, cabecera municipal de Puerto Cabezas, en el Caribe Norte de Nicaragua, en septiembre de 2023. El dirigente era diputado de la Asamblea Nacional por el partido indígena YATAMA, siglas de Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, que significa Hijos de la Madre Tierra.
Rivera se mantenía en la clandestinidad dentro de Nicaragua luego de que el régimen le impidió regresar al país tras participar en un foro sobre comunidades indígenas en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. En esa actividad cuestionó las políticas de seguridad en el campo y denunció el despojo violento de propiedades indígenas por parte de bandas de colonos.
Después de ese episodio, el líder miskito denunció la violación a su derecho de ingresar a su propio país y anunció que volvería por la zona fronteriza con Honduras. En diciembre de 2024, Amnistía Internacional lo declaró Preso de Conciencia y pidió su liberación inmediata e incondicional.
Un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua reveló que hasta el 26 de febrero de 2026 había 46 personas en prisión política en el país.
De ese total, 43 son hombres y tres mujeres; 15 son adultos mayores, equivalentes al 33 %, y 10 están en condición de desaparición forzada, lo que representa un 22 %. Entre los detenidos figuran también los excomandantes sandinistas Henry Ruiz y Bayardo Arce, militares retirados y dirigentes indígenas como Rivera, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez.
