Una comisión del gobierno de los Estados Unidos sobre libertad religiosa destacó el empeoramiento de las condiciones de la Iglesia Católica en Nicaragua en su informe anual, publicado este lunes.
“El gobierno de Nicaragua, bajo el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo intensificaron su campaña de hostigamiento y persecución severa contra la Iglesia Católica al atacar al clero, eliminar organizaciones afiliadas a la Iglesia y poner restricciones a las prácticas religiosas. Las violaciones de la libertad religiosa que ocurrieron en años anteriores, como el discurso de odio contra la Iglesia Católica y la denegación de entrada al país para el clero, también continuaron en 2022”, destaca el informe de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés)..
El “informe denuncia que el régimen de Nicaragua ha aumentado drásticamente su persecución de la Iglesia Católica al encarcelar al clero, cerrar las organizaciones afiliadas a la iglesia y prohibir los rituales católicos.
“A pesar del alto nivel de persecución contra los líderes católicos desde las protestas de 2018, 2022 fue el primer año en que el gobierno encarceló a miembros del clero”, registra el informe.
En febrero, el gobierno nicaragüense desterró a un grupo de 222 presos políticos, incluidos sacerdotes católicos, seminaristas, empleados diocesanos y un diácono, a los Estados Unidos y los despojó de su ciudadanía. Un día después de la deportación, el obispo Rolando Álvarez de Matagalpa fue condenado por traición, sentenciado a 26 años de prisión y despojado de su ciudadanía.
“El gobierno realizó varias acciones de alto perfil contra Rolando Álvarez, obispo católico de la Diócesis de Matagalpa y Estelí. Luego de múltiples casos de hostigamiento, en agosto la policía realizó un allanamiento temprano en la madrugada, en la iglesia del obispo Álvarez en Matagalpa, lo detuvo y lo puso bajo arresto domiciliario en Managua”, denuncia la comisión.
La USCIRF denuncia además los casos de los arrestos de los sacerdotes Manuel Salvador García, José Leonardo Urbina, Óscar Benavides y Enrique Martínez Gamboa, entre otros. Ellos fueron luego parte del grupo de desterrados por la dictadura.
“El gobierno también se involucró en discursos de odio contra el clero y expulsó a sacerdotes o les impidió regresar al país”, denuncia el informe.
El gobierno nicaragüense también ha expulsado a múltiples grupos de mujeres religiosas, ha prohibido las procesiones católicas y ha cerrado los medios de comunicación católicos.
“La decisión del Departamento de Estado de noviembre de designar a Nicaragua por primera vez como un “país de especial preocupación”, es una designación que significa que “el gobierno participa o tolera violaciones “particularmente graves” de la libertad religiosa”, señala el informe.
Esa designación permite al secretario de Estado de los Estados Unidos considerar una serie de opciones políticas, incluida la imposición de sanciones.
Recomiendan sanciones
La USCIRF recomienda imponer sanciones específicas a las agencias y funcionarios del gobierno de Nicaragua responsables de la violencia y otras acciones punitivas contra los lugares de culto, líderes religiosos y organizaciones congelando los activos de esas personas y/o prohibiendo su entrada a los Estados Unidos.
La comisión también pide presionar al gobierno de Nicaragua para que libere incondicionalmente a los presos de conciencia religiosos, se comprometa con el debido proceso para los presos religiosos y permita el acceso a biblias y consultas religiosas para todos los presos políticos.
También sugiere al congreso estadounidense celebrar audiencias públicas para ampliar las preocupaciones del Congreso sobre los presos de conciencia religiosos en Nicaragua y trabajar con parlamentarios de ideas afines en otros países para abogar por su liberación y la liberación de otros presos de conciencia.
