Estados Unidos advirtió este sábado que cualquier intento de revertir ilegalmente los resultados de las elecciones generales en Honduras tendrá “consecuencias graves”, en medio de una creciente tensión política tras la aprobación de un decreto que impone el recuento “voto por voto” de los comicios.
La advertencia de Washington se produjo horas después de que la presidenta hondureña Xiomara Castro sancionara y ordenara la publicación del decreto en el Diario Oficial La Gaceta, durante la medianoche del viernes 9 de enero de 2026. La medida, impulsada por el Congreso Nacional con respaldo del partido oficialista Libre, desconoce la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó como presidente electo a Nasry Asfura.
“La voz de 3.8 millones de hondureños ha sido escuchada, y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados. Cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves”, advirtió el gobierno estadounidense a través de su cuenta oficial en la red social X.
El gobierno de Estados Unidos también rechazó cualquier tipo de violencia política: “La violencia política no tiene cabida en el proceso democrático”.
“El pueblo hondureño merece una transición pacífica del poder. Esperamos trabajar con el presidente electo Nasry Asfura para avanzar en nuestros objetivos compartidos”, subrayó el comunicado del Departamento de Estado.
Desde la oposición, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó el decreto como un “autogolpe de Estado”, y denunció que la medida fue promovida de manera ilegal desde el Congreso, y sancionada sin atribuciones constitucionales por la presidenta Castro.
Zambrano aseguró que la decisión constituye una violación al orden democrático y un intento de manipular el proceso electoral, alterando la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 28 de noviembre de 2025.
El polémico decreto fue aprobado únicamente con votos del oficialismo y dos diputados independientes, en una sesión que, según la oposición, violó normas básicas del derecho parlamentario y careció de legitimidad.