El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la designación pública de Roberto Clemente Guevara Gómez, director de máxima seguridad de la cárcel La Modelo, por su participación en graves violaciones de derechos humanos contra un preso político en Nicaragua.
La medida fue adoptada bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024 (Div. F, P.L. 118-47), vigente a través de la Ley de Asignaciones Continuas de 2026 (Div. A, P.L. 119-37), con el objetivo de promover la rendición de cuentas por los abusos atribuidos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Departamento de Estado instó además a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua y reiteró su llamado a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en ese país.
La designación forma parte de las acciones diplomáticas de Estados Unidos contra funcionarios vinculados a abusos en Nicaragua y refuerza la presión internacional para exigir justicia y el respeto a los derechos de los presos políticos.
Today I’m designating Nicaraguan Prison Director Roberto Clemente Guevara Gómez for his involvement in gross violations of human rights. We continue to call for accountability for the crimes committed by the Murillo-Ortega dictatorship and urge for the immediate, unconditional…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 18, 2026
Guevara Gómez es señalado por el informe del 3 de abril de 2025 del Grupo de Expertos de la ONU para Nicaragua como uno de los 54 responsables de graves crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense. Además, varios expresos han identificado a Guevara Gómez como torturador dentro del sistema penitenciario.
La Cárcel La Modelo de Nicaragua es uno de los centros penitenciarios más conocidos del país, ubicado en Tipitapa, al norte de Managua. Originalmente fue construida como una prisión común para reclusos condenados por delitos ordinarios. Sin embargo, en los últimos años ha sido designada por la dictadura Ortega-Murillo por albergar a presos políticos, especialmente tras las protestas iniciadas en 2018.
