El gobierno de Estados Unidos elogió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de declarar inconstitucional el contrato de concesión otorgado a la empresa china Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal de Panamá.
“Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias a China”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio en sus redes sociales.
La resolución fue adoptada el lunes 29 de enero de 2026 por el pleno del máximo tribunal panameño, tras analizar dos demandas que cuestionaban la legalidad de la Ley No. 5 de 1997, así como sus adendas y prórrogas. La sentencia dejó sin efecto legal el contrato que había sido firmado hace casi tres décadas.
La determinación fue respaldada también por el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, que emitió una contundente declaración: “La Corte Suprema de Panamá expulsó oficialmente a la China comunista del Canal de Panamá”.
“Panamá defendió su constitución y se mantuvo firme frente a las prácticas explotadoras de Beijing, dictaminando que una empresa con sede en Hong Kong controlada por China no puede seguir operando los puertos en ambos extremos del Canal de Panamá”, dijo el Comité.
La congresista republicana María Elvira Salazar también reaccionó a la decisión panameña. “Esto es una gran victoria para la soberanía y la seguridad de nuestra región”.
“Es una postura clara a favor de un Hemisferio Occidental libre, seguro e independiente, y un mensaje contundente: la infraestructura estratégica no está en venta. El Canal de Panamá pertenece a nuestro hemisferio, no al Partido Comunista Chino”, afirmó.
El contrato otorgado a PPC permitió por más de dos décadas la operación de terminales de carga y pasajeros en ambos extremos del Canal. No obstante, una auditoría reveló que el país dejó de percibir más de $1,200 millones entre 1997 y 2021. Según la Contraloría, el Estado solo recibió $483 millones de los $1,337 millones que debió percibir, además de registrar pérdidas fiscales de $349 millones debido a exenciones tributarias.
El contralor general de Panamá, Anel Flores, responsabilizó a la corrupción por las omisiones del Estado: “Porque se lo han permitido. Porque aquí todo el mundo sabe que los maletines llovían y entonces todo el mundo veía para otro lado”, denunció.
La auditoría también evidenció que las tarifas por movimiento de contenedores no habían sido revisadas desde 2010, lo que causó un perjuicio adicional de $449 millones. La Contraloría también se opuso a una prórroga contractual que hubiese extendido la operación de la firma hasta 2047.
La decisión panameña deja en suspenso la venta de más de 40 puertos operados por CK Hutchison —incluidos Balboa y Cristóbal— al consorcio liderado por la firma estadounidense Blackrock y la naviera suiza MSC, valorada en $23,000 millones. La operación ha sido bloqueada por el gobierno chino, que exige una participación mayoritaria para su naviera estatal Cosco en la transacción.