La abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina denunció este domingo un recrudecimiento de la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua, señalando acciones sistemáticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A través de una publicación, la autora del informe “Nicaragua, Iglesia Perseguida” aseguró que existe un intento por ocultar la situación real que enfrentan sacerdotes y fieles en el país.
“Así es la persecución religiosa que se sufre en Nicaragua y muchos quieren maquillar o tapar el sol con un dedo”, dneunció, mientras detallaba que una de las principales prácticas es la vigilancia constante en parroquias, donde agentes policiales acuden diariamente a tomar fotografías y videos de los asistentes y del clero.
“Existe una creencia que aquellas zonas donde los Obispos son cercanos a la dictadura no existe asedio. Es totalmente falso”, explicó.
Según la denuncia, incluso sacerdotes considerados afines al régimen son objeto de seguimiento, lo que refleja desconfianza dentro del propio sistema.
Otro de los puntos señalados es la restricción de actividades religiosas, las cuales, según Molina, ahora son organizadas por instituciones del Estado o alcaldías.
“La dictadura Ortega-Murillo prohíbe o restringe las actividades religiosas porque ahora ellos son quienes las organizan y celebran”, señaló.
En algunos casos, asegura, se obliga a simpatizantes del gobierno a participar en estas actividades, mientras que la presencia de sacerdotes se utiliza para aparentar normalidad.
La abogada también denunció la vigilancia en reuniones del clero, incluyendo encuentros recientes en la Diócesis de León: “A los policías no se les escapa ni las reuniones de clero”.
Además, Molina alertó sobre nuevos casos de exilio de miembros de la Iglesia, que se suman a una lista creciente de obispos, sacerdotes, diáconos y religiosas que han abandonado el país.
La defensora hizo un llamado a la comunidad a apoyar económicamente a las parroquias, afectadas incluso por cobros retroactivos de impuestos.
“Acérquense a su párroco para brindarle apoyo monetario para que puedan pagar el IBI”, exhortó.
La denuncia se suma a múltiples informes internacionales que han señalado restricciones a la libertad religiosa en Nicaragua.