Dos operadores claves de la dictadura nicaragüense han sido acusados de lavar casi $10,000 millones

Dos históricos aliados de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron señalados por mover millonarios fondos ilícitos ligados a negocios de la familia presidencial nicaragüense.

Francisco López y Bayardo Arce, dos operadores económicos claves de la dictadura Ortega-Murillo, hoy caídos en desgracia.

Dos figuras históricas del sandinismo y considerados piezas claves en el entramado financiero de la familia gobernante de Nicaragua fueron encarcelados en los últimos meses acusados de delitos relacionados con lavado de dinero por casi $10,000 millones.

Se trata de Francisco López Centeno, ex tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y de Bayardo Arce, antiguo asesor económico del presidente nicaragüense Daniel Ortega y uno de los históricos comandantes sandinistas.

Según las acusaciones, ambos habrían participado en estructuras financieras destinadas a mover recursos provenientes de negocios vinculados a la familia Ortega-Murillo. Entre los dos suman señalamientos por casi $10,000 millones, cifra equivalente a casi la mitad del Producto Interno Bruto de Nicaragua y más del doble del presupuesto estatal anual del país, estimado en $4,690 millones para 2026.

Operadores económicos

Francisco López era considerado un personaje clave de los negocios de la familia Ortega-Murillo, el operador económico que manejó unos $5 mil millones de cooperación venezolana en tiempos que Hugo Chávez regalaba fondos gracias a los altos precios del petróleo.

Los niveles de la corrupción sandinista son tan altos que otro operador clave de los negocios de la dictadura nicaragüense, el histórico comandante sandinista, Bayardo Arce Castaño, fue condenado en enero pasado por lavar $4,900 millones.

Según la resolución judicial, Arce habría lavado 2,713 millones de dólares y 82,344 millones de córdobas (unos $2,243 millones), recursos que —según la acusación oficial— provocaron un grave perjuicio patrimonial al Estado nicaragüense y afectaron la transparencia del sistema financiero nacional. En total, más de $4,957 millones, según la acusación.

Fondos venezolanos

López gue gestor y artífice del conglomerado empresarial de la familia dictatorial nicaragüense. Manejó la distribuidora estatal Petronic, la distribuidora de víveres Alba Alimentos, las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur.

Además manejaba Bancorp, un banco nicaragüense llamado oficialmente Banco Corporativo S.A., que pperaba principalmente como una entidad financiera vinculada al gobierno de Daniel Ortega y a empresas relacionadas con la cooperación petrolera venezolana.

Desde ese papel, López manejó ALBA Caruna , una cooperativa financiera nicaragüense creada en el contexto de la alianza política y económica entre Nicaragua y Venezuela dentro del proyecto ALBA. Y también manejó la Empresa Nacional de Minas, AlbaGeneración y Credicoop, un ecosistema de cooperativas y entidades financieras cercanas al modelo económico promovido por el gobierno de Daniel Ortega.

López fue entonces clave en negocios en el sector financiero, generación y distribución de energía, comercio exterior, petróleo y combustible, minería y además, en todos los negocios relacionados con China.

Sancionado por Estados Unidos

Francisco López Centeno —conocido como “Chico López”— fue sancionado por Estados Unidos en julio de 2018 bajo la Ley Global Magnitsky. El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo acusó de corrupción significativa, desvío de fondos públicos, uso de empresas estatales para beneficio personal y político y manejo irregular de fondos relacionados con ALBANISA y Petronic.

En ese momento, López era tesorero del FSLN, vicepresidente de ALBANISA, presidente de Petronic, y también vinculado a la Empresa Nacional de minas.

Las sanciones implicaron el congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de EE.UU. y el aislamiento del sistema financiero internacional. Después de las sanciones, López renunció a cargos importantes en Petronic y ENIMINAS, pero siguió figurando en negocios de la familia presidencial incluyendo fugaces apariciones con Laureano Ortega en contratos con empresas chinas.

El papel de Arce

Por su parte, Bayardo Arce manejó un esquema financiero complejo que funcionó durante varios años mientras fue el más cercano asesor económico de Daniel Ortega y el contacto entre los empresarios y la dictadura. Era “el hombre” con el que los empresarios nacionales y extranjeros negociaban cualquier gestión en Nicaragua, desde permisos hasta problemas sindicales.

Arce, según la condena, reclutaba empleados y terceros para que figuraran como socios de empresas fachada, con el objetivo de ocultar a los verdaderos beneficiarios finales de las operaciones. El fallo identificó un total de 49 sociedades mercantiles vinculadas al entramado, de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital ilícitos provenientes de una evasión fiscal sistemática.

Estas sociedades movían recursos entre cuentas bancarias nacionales e internacionales para simular operaciones comerciales legítimas.

Como parte del proceso de blanqueo, los acusados emplearon mecanismos de estratificación financiera mediante préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, con el fin de desdibujar la trazabilidad del dinero y facilitar su reinserción en la economía formal.

Bayardo Arce, de 77 años, es uno de los últimos comandantes históricos sobrevivientes del Directorio Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fue de la cúpula de la primera dictadura sandinista que llevó a Nicaragua a una guerra civil de diez años, tras el triunfo de la revolución de 1979.

Durante los años ochenta, Arce ocupó posiciones estratégicas en la planificación económica y en la conducción del modelo estatal centralizado.

Tras el retorno de Ortega al poder en 2007, Arce se desempeñó como asesor económico presidencial y jugó un papel clave en las relaciones con el gran empresariado y en la construcción del modelo de alianzas público-privadas que sostuvo al régimen durante más de una década.

 

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