Directora anticorrupción sostiene que el caso del expresidente Juan Orlando Hernández refleja una fragilidad institucional en Honduras

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción sostuvo que el episodio registrado durante una audiencia judicial del expresidente Juan Orlando Hernández evidencia riesgos para el Estado de derecho y la capacidad de las instituciones hondureñas para ejercer autoridad sin intimidación.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico e indultado, junto a su esposa Ana García.

La abogada Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, afirmó que el caso del indultado expresidente Juan Orlando Hernández revela una fragilidad institucional que trasciende el proceso penal conocido como Pandora II.

En un artículo titulado “Proyectar poder desde el banquillo”, Castellanos señaló que el episodio registrado durante una audiencia judicial refleja un problema más amplio relacionado con el funcionamiento del Estado de derecho en Honduras.

Señalamientos sobre un incidente en la audiencia

Castellanos se refirió a la denuncia presentada por el procurador general Dagoberto Aspra. Él afirmó que Hernández confrontó e intimidó a representantes de la Procuraduría General de la República durante una audiencia de declaración de imputado.

Según ese señalamiento, el exmandatario dirigió expresiones a los procuradores auxiliares, entre ellas “quiero verle a los ojos” y “cuídense”. Estas fueron interpretadas por los funcionarios como una advertencia.

La autora sostuvo que el hecho no debe verse como una anécdota aislada, sino como un indicio de debilidad institucional frente a figuras que ejercieron una alta concentración de poder político.

El procurador asumirá la representación del Estado

Tras el incidente denunciado, Aspra anunció que encabezará personalmente la representación del Estado en la audiencia inicial del caso de corrupción Pandora II.

Castellanos consideró que esa decisión busca evitar que los funcionarios designados enfrenten solos situaciones de presión. Esto ocurre mientras cumplen funciones públicas.

Además, señaló que el problema central no radica únicamente en las expresiones de un procesado, sino en cualquier entorno que permita conductas destinadas a amedrentar a quienes representan al Estado.

“Lo verdaderamente alarmante no es que un procesado utilice las herramientas verbales a su alcance para defenderse. Lo preocupante es el entorno de tolerancia y parálisis que puede rodear cualquier conducta destinada a amedrentar a quienes cumplen una función pública”, dijo Castellanos.

El expresidente rechazó las acusaciones

El expresidente Juan Orlando Hernández negó los señalamientos mediante apariciones públicas y reproducciones de audio.

Según Castellanos, esa respuesta intentó trasladar el debate hacia cuestionamientos sobre actuaciones de fiscales del Ministerio Público y otros señalamientos relacionados con el proceso.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción indicó que, independientemente de la estrategia de defensa, el Estado debe garantizar que sus representantes actúen sin temor a represalias.

Advertencia sobre el funcionamiento del estado de derecho

En su análisis, Castellanos afirmó que la democracia pierde fuerza cuando quienes ejercieron poder conservan capacidad para influir o intimidar desde un proceso judicial.

También advirtió que, si las instituciones toleran ese tipo de conductas, la ley corre el riesgo de aplicarse con diferente intensidad entre ciudadanos comunes y antiguos funcionarios.

Hernández, del oficialista Partido Nacional, gobernó Honduras de 2014 a 2022. Un par de meses después de dejar el poder, fue extraditado a Estados Unidos. Ahí fue enjuiciado y condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados al narcotráfico. En diciembre del año pasado, fue indultado por el mandatario Donal Trump.

El polémico exgobernante retornó a Honduras el 26 de julio de este año.

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