Diputados oficialistas de Guatemala presentan acción de inconstitucionalidad por ley aprobada sin respetar veto presidencial

El Movimiento Semilla impugna Decreto 7-2025, por violación al procedimiento de veto presidencial. Esto, por una ley que permite a municipalidades la “utilización extemporánea” de recursos no ejecutados.

Diputados del oficialista Movimiento Semilla de Guatemala.

A la cero horas de este viernes, los diputados oficialistas del Movimiento Semilla presentaron ante la Corte de Constitucionalidad una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 7-2025. Alegan que su publicación fue realizada sin respetar el procedimiento legal de veto establecido en la Constitución Política de la República.

El referido  decreto fue aprobado por el Congreso de Guatemala como la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).  Este permite que los Codedes retengan los fondos que no se ejecuten en un año. Tal mecanismo busca reprogramarlos al siguiente año.

Publicación del Decreto 7-2025 sin agotar el proceso legal

Según el comunicado oficial emitido por la bancada de Semilla, el decreto en cuestión fue forzado a entrar en vigencia sin haberse completado el proceso constitucional requerido. El argumento central es que el Congreso de la República desconoció el veto presidencial. Este había sido oficializado mediante el Acuerdo Gubernativo 182-2025.

Solicitudes ante la Corte de Constitucionalidad

La bancada oficialista pidió a la Corte:

Defensa del orden constitucional

Los legisladores destacaron que esta acción busca proteger el Estado de Derecho, defender los derechos de la ciudadanía y preservar la supremacía constitucional. En su declaración, enfatizaron que su intervención responde a un compromiso con la legalidad y la institucionalidad democrática.

Contexto del conflicto legislativo

El Decreto 7-2025 fue aprobado en semanas recientes, pero el Ejecutivo emitió un veto, que fue posteriormente ignorado por el Congreso al publicar el decreto como vigente. Esta situación ha generado tensiones entre los poderes del Estado y abrió el debate sobre los límites y atribuciones de cada órgano en el proceso legislativo.

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