El juicio en contra del obispo de Matagalpa, Nicaragua, monseñor Rolando Álvarez, fue adelantado más de un mes por decisión de una jueza de la dictadura Ortega-Murillo.
El religioso, quien está en arresto domiciliario, es acusado de cometer “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y de “propagación de noticias falsas”.
Inicialmente se había determinado que el juicio contra monseñor Álvarez iniciaría el 28 de marzo, pero la jueza Nidia Camila Tardencilla, del Segundo Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, determinó ayer que esa etapa del proceso debe comenzar el 15 de febrero. Tardencilla es hija de un reconocido funcionario de la dictadura nicaragüense y ha condenado a varios líderes opositores sin tener defensores particulares.
Álvarez es el primer obispo juzgado por la dictadura. Un segundo obispo, Silvio Báez, tuvo que exiliarse hace cuatro años tras recibir amenazas de la dictadura. Una veintena de sacerdotes y diáconos también han sido enjuiciados y algunos condenados por jueces de la dictadura nicaragüense. Además, docenas han tenido que exiliarse.
El cambio en la programación se da un día después que cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo fueran condenados a 10 años de prisión bajo los mismos cargos que le imputan al obispo.
Los sentenciados estaban con monseñor Álvarez cuando fueron detenidos en agosto pasado. El poder judicial ha anunciado que habrá 12 testigos contra el obispo, incluyendo tres policías, dos trabajadores del Estado y el resto militantes del partido oficial, el Frente
El obispo, de 56 años, es un férreo crítico de la dictadura Ortega-Murillo, sufrió acoso, persecución y hostigamiento del régimen que incluso le llegó a impedir salir de la Curia episcopal de Matagalpa para poder oficiar misa en la Catedral de la ciudad.
El 19 de agosto pasado, fuerzas de seguridad de la dictadura irrumpieron en la Curia episcopal de Matagalpa y lo capturaron violentamente junto a sacerdotes y laicos que lo acompañaban en ese momento. Álvarez fue golpeado por policías del régimen orteguista.
Desde entonces no se conoció su paradero hasta que Álvarez fue presentado el 13 de diciembre pasado ante los tribunales orteguistas para una audiencia preliminar, en cuya judicatura le dictaron arresto domiciliar. El obispo no ha tenido acceso a defensa particular y sus audiencias en diciembre y enero han sido a puertas cerradas.
