Nicaragua oficializó el domingo su retiro de la Unesco, la quinta agencia internacional de la que se aparta en menos de un año, en un proceso de aislamiento progresivo que refleja el creciente conflicto del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la comunidad internacional.
La salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se concretó en medio de tensiones luego de que el organismo entregara el prestigioso Premio Mundial de Libertad de Prensa Guillermo Cano al periódico La Prensa, uno de los principales medios de oposición confiscados por el gobierno.
“Es profundamente vergonzoso que la Unesco se haya prestado a una acción que ofende a Nicaragua”, acusó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, lamentó la decisión y recordó que la defensa de la libertad de expresión es un mandato fundamental de la agencia. “Esta decisión privará al pueblo de Nicaragua de los beneficios de la cooperación en educación y cultura”, advirtió.
Retiros en cadena
La salida de la Unesco se suma a una serie de abandonos que reflejan el distanciamiento acelerado de Nicaragua con organismos multilaterales.
Hace tres meses, el gobierno sandinista retiró a Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), luego de que un informe colocara al país entre las naciones con mayores índices de hambre del mundo.
El reporte “Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024” reveló que al menos 1,3 millones de nicaragüenses —un 19,6 % de la población— padecen inseguridad alimentaria, mientras el 15 % de los niños menores de cinco años presenta retraso en el crecimiento por desnutrición.
El canciller Valdrack Jaentschke calificó de “inaceptable e irrespetuoso” el informe y exigió el cierre inmediato de las oficinas de la FAO en Managua.
Posteriormente, a finales de marzo, Nicaragua anunció su retirada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en respuesta a un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
El documento recomendaba condicionar los beneficios comerciales del país a avances verificables en materia de derechos humanos y documentaba crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018.
En su carta de retiro, la copresidenta Rosario Murillo acusó al Consejo de haberse convertido en una “caja de resonancia” de “terroristas” y “enemigos de la paz”.
Solo un día después, el 28 de febrero, el régimen informó su salida simultánea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alegando “politización” y “desestabilización”.
En ambos casos, el gobierno exigió el cierre inmediato de las oficinas en Nicaragua y la expulsión de su personal.
Un proceso de aislamiento progresivo
El retiro de Nicaragua de estas cinco agencias se suma a su historial reciente de rupturas institucionales.
En 2022, Nicaragua abandonó formalmente la Organización de Estados Americanos (OEA) y confiscó su sede en Managua, que transformó en un “museo de la infamia”.
Además, el país se retiró abruptamente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) este año y desde hace más de siete años se ha ausentado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tambien ha amenazado con abandonar el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) si no admiten sus candidatos a ocupar la Secretaria Ejecutiva del foro regional.
Aunque sigue siendo miembro formal del SICA, del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las relaciones bilaterales se han deteriorado.
La enemistad con Estados Unidos y la Unión Europea también ha escalado. Washington mantiene abierta una investigación para evaluar la exclusión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, mientras Bruselas ha congelado fondos de cooperación y aumentado sanciones individuales contra funcionarios del régimen.
Incluso en foros regionales más afines, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Nicaragua ha tenido tensiones. La última fricción ocurrió con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, entonces presidenta pro tempore de la CELAC, a quien Managua acusó de imponer una resolución sin consenso.
Nicaragua, no obstante, mantiene su participación activa en alianzas de corte ideológico como el Foro de São Paulo, el ALBA-TCP y mantiene cercanía con regímenes aliados como Rusia, Irán, China y Venezuela.
Un trasfondo de crisis prolongada
La deriva autoritaria de Ortega y Murillo se acentuó tras las protestas sociales de abril de 2018, reprimidas con violencia, y alcanzó nuevos niveles tras las elecciones de noviembre de 2021.
Ortega, de 79 años, fue auto-reelegido para un quinto mandato —cuarto consecutivo— tras encarcelar a sus principales rivales políticos, despojarlos de su nacionalidad y posteriormente expulsarlos del país, acusándolos de “golpistas” y “traidores a la patria”.
Desde entonces, Nicaragua enfrenta denuncias de organismos internacionales que documentan crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas, confiscaciones masivas de propiedades privadas y restricciones severas a la libertad de prensa, religión y asociación.
El aislamiento creciente del país no solo limita su acceso a cooperación técnica y financiera, sino que también lo margina de instancias diplomáticas cruciales para el diálogo y la resolución de conflictos en la región.
