Dictadura de Nicaragua mantiene a 14 presos políticos en desaparición forzada

Es una práctica que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha institucionalizado como mecanismo de represión, según denuncias del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Las familias no tienen información sobre su paradero ni estado de salud, en una violación flagrante al derecho internacional y los derechos humanos.

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua.

Al menos 14 presos políticos se encuentran en condición de desaparición forzada en las cárceles de Nicaragua, una práctica sistemática que constituye un crimen de lesa humanidad, según denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

La organización advirtió que las familias de estos detenidos no tienen información sobre su paradero ni estado de salud, lo que constituye una violación grave al derecho internacional.

“No hay una prueba fehaciente del lugar en el que están… se considera desaparición forzada por ocultamiento de paradero”, explicó a la prensa local la vocera del Mecanismo, Claudia Pineda.

Actualmente, 52 personas permanecen como presas políticas en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De ellas, 32 han sido condenadas en juicios sin garantías procesales, y otras 19 siguen detenidas sin juicio.

Entre los desaparecidos figuran la activista Angélica Chavarría, detenida en mayo de 2024, el abogado Julio Quintana y el político Alejandro Hurtado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su liberación inmediata, pero el régimen mantiene el silencio.

Desde noviembre de 2022, la CorteIDH declaró al Estado nicaragüense en “desacato permanente” por incumplir las órdenes de liberar a presos políticos, y elevó el caso a la Asamblea General de la OEA. Nicaragua se retiró del organismo ese mismo año.

La represión ha escalado en 2025, con nuevas detenciones y condiciones carcelarias calificadas como “centros de tortura” por organizaciones de derechos humanos. Según el Mecanismo, el régimen ha bloqueado el acceso a cualquier verificación internacional, incluida la Cruz Roja, y mantiene a decenas de personas bajo arresto domiciliario sin proceso judicial.

“La dictadura ha hecho de la desaparición forzada una política de Estado”, denunció Pineda, subrayando que el miedo y la opacidad se han convertido en herramientas de control social.

La comunidad internacional continúa emitiendo condenas y resoluciones, pero el régimen de Ortega y Murillo responde con impunidad y silencio, mientras las familias siguen sin saber si sus seres queridos están vivos.

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