La dictadura de la familia Ortega-Murillo ha anunciado el congelamiento de contrataciones en todas las instituciones públicas, apenas una semana después de comunicar un plan de despidos en el aparato estatal.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha emitido un comunicado oficial este 7 de agosto, en el que se detallan las nuevas directrices que restringen la incorporación de personal en el sector público.
El documento, titulado “Lineamientos para Contratación de Personal”, establece que todas las plazas vacantes y nuevas contrataciones quedan suspendidas a partir de esta fecha. Esta medida abarca a todas las entidades y organismos del sector público, tanto dentro del Sistema de Nómina Fiscal como fuera de él.
Según el comunicado, cualquier intento de contratar nuevo personal deberá ser previamente autorizado por el MHCP, tras la presentación de una solicitud fundamentada a través de la Dirección General de Función Pública.
Dicha solicitud debe incluir la documentación requerida conforme al marco normativo vigente, y será el MHCP el encargado de gestionar la autorización con la Presidencia de la República. Asimismo, la creación de nuevas plazas está estrictamente prohibida sin seguir los procedimientos establecidos.
Todas las solicitudes de contratación deben contar con la aprobación de la dictadura, radicada en la Secretaria General del partido FSLN en El Carmen, Managua, guarida del clan familiar Ortega-Murillo.
Esta medida se produce en un contexto de creciente presión económica y social en Nicaragua.
En los últimos años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha enfrentado sanciones internacionales y una economía precaria basada en las remesas de su casi millón de exiliados y una política fiscal represiva y extorsionadora de empresas.
La congelación de contrataciones parece ser una respuesta a la necesidad urgente de reducir gastos en un aparato estatal sobredimensionado y con serias dificultades financieras.
El reciente anuncio del plan de despidos en el sector público ha generado preocupación y malestar entre los trabajadores estatales, que temen por la estabilidad de sus empleos en un entorno ya precario y represivo.
La situación se agrava con las restricciones a la contratación de nuevo personal, lo que podría afectar la operatividad de diversas instituciones públicas y la prestación de servicios esenciales a la población.
La represión política y la persecución a la oposición, sumada a la crisis económica, han llevado a un aumento significativo en el desempleo y la pobreza en el país, reflejados en el alto nivel de migración de más del 10 por ciento de la población de 6.7 millones.
La congelación de contrataciones no solo es una medida económica, sino que también puede interpretarse como una táctica del régimen para mantener el control sobre el aparato estatal, limitando el ingreso de nuevos empleados que puedan no alinearse con sus intereses, según el analista y ex preso político, Juan Sebastian Chamorro.
