El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, presidió la noche del 2 de junio una ceremonia militar en Managua, en la que ascendió a 17 oficiales del Ejército al grado de coronel. Durante el acto, abordó varios temas políticos y de coyuntura, entre ellos la situación de los nicaragüenses que podrían ser deportados desde Estados Unidos tras la suspensión del programa de parole humanitario.
“Hoy quiero expresar nuestra solidaridad con todos esos hermanos perseguidos, en particular con los hermanos nicaragüenses que tienen siempre las puertas abiertas de Nicaragua”, dijo.
“Que han estado ingresando en vuelos y aquí se les atiende muy bien de parte de Migración (…) Les decimos que no se les ocurra regresar a Estados Unidos de nuevo. Porque eso es un terror lo que hay”, declaró Ortega.
Sus palabras se producen en un contexto de creciente incertidumbre para unos 93,000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario, recientemente anulado por decisión de la Corte Suprema de ese país.
Un historial de destierros y bloqueos migratorios
Las declaraciones de Ortega contrastan con acciones previas de su gobierno. En febrero de 2023, 222 presos políticos fueron excarcelados y expulsados del país, y luego despojados de su nacionalidad mediante resolución judicial.
En los meses siguientes, más de 300 personas también perdieron su ciudadanía por decisión de los tribunales, en procedimientos señalados como arbitrarios por organismos internacionales.

Además, organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de casos de ciudadanos nicaragüenses a quienes se les ha impedido ingresar al país, a pesar de tener documentos legales.
Entre estos casos se incluyen periodistas, activistas, sacerdotes y ciudadanos que intentaban regresar por razones familiares.
Impacto de la suspensión del parole
El pasado 30 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a suspender definitivamente el parole humanitario, lo que dejó en un limbo legal a migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití.
El fallo afecta directamente a unos 93,000 nicaragüenses que llegaron entre 2023 y 2024 bajo esa modalidad.
Según el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, aproximadamente 50,000 de ellos podrían verse forzados a tomar decisiones inmediatas sobre su futuro. Algunos habían considerado regresar a Nicaragua de forma voluntaria, pero ahora deben evaluar las condiciones de su retorno.
Diferencias entre categorías migratorias
Orozco distingue entre quienes tienen procesos abiertos de cambio de estatus —unos 30,000— y aquellos que quedan sin protección al vencerse su permiso temporal. Unos 70,000 nicaragüenses tienen actualmente órdenes de deportación en Estados Unidos.
El politólogo ha sugerido que las organizaciones de la diáspora nicaragüense podrían coordinarse con grupos de otros países afectados para solicitar una moratoria hasta enero de 2026. Esto permitiría a los migrantes reorganizarse y buscar alternativas legales o preparar un eventual retorno.
Orozco ha señalado que muchas organizaciones nicaragüenses en el exterior no han centrado su agenda en la defensa de los derechos de los migrantes en situación irregular, lo cual debilita la respuesta frente a esta crisis.
Entre 2018 y 2024, más de 500,000 nicaragüenses emigraron a Estados Unidos. De ellos, cerca de 40,000 tienen estatus regular y el resto se encuentra en situación irregular o bajo riesgo de deportación.
Las declaraciones de Ortega, ofreciendo un supuesto retorno sin obstáculos, contrastan con la política de su gobierno en los últimos años: el uso del destierro, la cancelación de nacionalidades, y las restricciones de ingreso al país.
Organismos como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y Human Rights Watch han señalado que la administración Ortega-Murillo utiliza la migración forzada como una herramienta de represión política extraterritorial.
La oferta de “puertas abiertas”, en ese contexto, genera más dudas que certezas entre los miles de nicaragüenses que hoy enfrentan decisiones difíciles sobre su futuro fuera del país.