El dictador nicaragüense Daniel Ortega acusó este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su política migratoria, en particular por el caso de una menor venezolana presuntamente separada de su madre durante un proceso de repatriación.
La denuncia la hizo en un acto multitudinario celebrado en Managua, rodeado por miles de policías, paramilitares y altos mandos del Ejército, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.
Durante el acto, que coincidió con el 13 aniversario de la muerte del exministro del Interior Tomás Borge, Ortega sostuvo que el “secuestro” de la niña por parte de autoridades estadounidenses constituye un “crimen horrendo” y exigió a Trump su devolución inmediata.
“¿Qué espera el presidente Trump para mandarle a la niña a esa madre? Porque es un crimen horrendo, es un crimen de lesa humanidad”, afirmó el tirano, quien gobierna Nicaragua junto a su esposa, la co dictadora Rosario Murillo.
El incidente al que se refirió Ortega fue denunciado por el régimen de Venezuela a principios de esta semana, tras asegurar que la menor de dos años fue separada de su madre al momento de abordar un vuelo de repatriación a Caracas.
Las autoridades venezolanas también señalaron que el padre de la niña fue trasladado a una cárcel en El Salvador sin mediación judicial, lo que motivó una protesta diplomática del régimen de Nicolás Maduro.
Ortega aprovechó la coyuntura para denunciar lo que describió como “una actitud criminal del Gobierno norteamericano”, y acusó a Trump de haber convertido a El Salvador “en la cárcel de los inmigrantes” a cambio de “una platita” entregada al presidente Nayib Bukele. “Es una barbaridad, una humillación para nuestros pueblos”, dijo.
Sin embargo, el discurso de Ortega se dio en un contexto paradójico: el acto tuvo lugar en la misma plaza desde donde en 2018 se ordenó la represión armada contra manifestantes civiles que protestaban contra su gobierno.
Las manifestaciones, que comenzaron en abril de ese año, fueron sofocadas con violencia extrema, dejando un saldo de al menos 355 muertos, miles de heridos, más de 1,600 detenidos y cientos de miles de exiliados, según organismos internacionales de derechos humanos.
Desde la tarima, Ortega proclamó como una “victoria del pueblo” la represión de esas protestas, en un evento cargado de simbolismo militar y policial.
A su alrededor estaban desplegados efectivos del Ejército, la Policía Nacional, voluntarios armados, altos mandos castrenses y funcionarios leales. Entre ellos, el general Julio César Avilés, jefe del Ejército; el comisionado Francisco Díaz, jefe de la Policía; y miembros del gabinete como los ministros del Interior y Defensa, todos sancionados por cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas de derechos humanos.
Mientras condenaba la política migratoria de Trump, Ortega arremetió también contra las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, en particular los aranceles que afectan a Nicaragua, calificándolos como “otra bomba lanzada sobre el mundo” y un “acto de locura” que, a su juicio, amenaza la estabilidad global.
“El que va a terminar desapareciendo es él, porque el pueblo norteamericano lo va a hacer desaparecer”, vaticinó.
También elogió a China como una “potencia hermana” que “invierte sin chantajes ni fuerza”, y aseguró que tanto Nicaragua como Cuba y Venezuela “no se van a rendir” ante Estados Unidos, pese a ser señalados como “enemigos de la humanidad” por altos funcionarios de Washington.
La escena, sin embargo, reflejó un contraste marcado entre el discurso de denuncia y la realidad del régimen sandinista. Ortega habló de soberanía, mientras estrecha vínculos con China y Rusia; habló de derechos humanos, mientras mantiene a miles de opositores en el exilio y niega la entrada al país a cientos de ciudadanos desnacionalizados; y habló de justicia, mientras organismos como la ONU y la CIDH lo acusan de crímenes de lesa humanidad.
Este nuevo discurso no solo refuerza la retórica antiestadounidense del régimen, sino que evidencia su aislamiento internacional y su dependencia creciente de aliados autoritarios.
Mientras Ortega señalaba con el dedo a Trump desde la Plaza de la Fe, lo hacía al amparo de los mismos cuerpos de seguridad que han sido documentados como responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que, lejos de cesar, la represión en Nicaragua se ha institucionalizado desde 2018, con leyes que penalizan la disidencia, censura a los medios independientes y restricciones sistemáticas a las libertades públicas. La celebración de este Primero de Mayo, con aroma militar y tono de propaganda, fue otra muestra del rumbo autoritario que Ortega y Murillo siguen profundizando.
