La investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina denunció en sus redes sociales una nueva ola de intimidaciones contra sacerdotes y fieles católicos en Nicaragua, en lo que calificó como la continuación de la persecución religiosa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica.
Según Molina, en los últimos días policías y civiles encapuchados, identificados por la población como paramilitares, han llegado a distintas parroquias del país donde se realizan retiros espirituales para vigilar e intimidar a los asistentes.
De acuerdo con su denuncia, los agentes toman fotografías a las cédulas de identidad de los laicos y luego interrumpen las actividades religiosas.
“La policía ordena a los fieles anotarse en listas donde se les pide nombre completo, dirección, número de teléfono y número de cédula”, escribió Molina.
Ella añadió que en algunas parroquias los agentes incluso han confiscado micrófonos mientras los sacerdotes predican, obligando a la feligresía a escuchar amenazas directas.
Sigue brutal persecución religiosa
Las denuncias se suman a una serie de reportes similares documentados desde 2022, cuando el Gobierno intensificó el control policial sobre templos, procesiones, misas y actividades pastorales, bajo el argumento de “preservar la seguridad y el orden público”.
Molina se ha convertido en una de las principales fuentes de documentación sobre la persecución religiosa en Nicaragua.
Exiliada desde 2023, es autora del informe Nicaragua: una Iglesia perseguida, donde registra más de 700 ataques contra la Iglesia católica, incluyendo el cierre de medios religiosos, la expulsión de congregaciones, el encarcelamiento y destierro de obispos y sacerdotes, así como la prohibición de procesiones y celebraciones públicas.
Entre los casos más emblemáticos figura el arresto y posterior destierro del obispo Rolando Álvarez, así como la expulsión de decenas de sacerdotes a Estados Unidos y al Vaticano.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU han señalado que la represión contra la Iglesia forma parte de un patrón más amplio de persecución política dirigido a neutralizar cualquier espacio social autónomo o crítico al poder.