El ministro de Hacienda de Costa Rica, Rodrigo Chaves, elevó este jueves la tensión entre el Gobierno y varias instituciones del Estado al descalificar públicamente al fiscal general Carlo Díaz, a quien llamó “princeso”.
Todo ello mientras defendía nuevos recortes presupuestarios que afectarán al Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y otros organismos de control.
La controversia surgió después de que Díaz cuestionara ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso la decisión del Ejecutivo de congelar recursos destinados al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Estos fondos habían sido aprobados previamente por los diputados para fortalecer la lucha contra la criminalidad.
Insultos y burlas
Horas después, durante una conferencia de prensa, Chaves respondió con duras críticas al fiscal general.
“El problema no es plata, es falta de competencia, de efectividad, de gerencia suya”, afirmó el ministro.
Además acusó a Díaz de estar ocupado en “muchas otras cosas personales” y rechazó que la falta de presupuesto explique retrasos en investigaciones de casos de alto perfil.
Choque por recursos para seguridad
El fiscal general había reclamado que el Gobierno se negó a girar $19.1 millones solicitados por el OIJ y el Ministerio Público para crear nuevas plazas destinadas a combatir el aumento de la delincuencia organizada y otros delitos.
Sin embargo, el diputado oficialista y exministro de Hacienda Nogui Acosta sostuvo que el Poder Judicial dispone de un superávit cercano a los $39.6 millones y que corresponde a la Corte Suprema distribuir esos recursos entre sus dependencias.
Según Acosta, el reclamo de Díaz debería dirigirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y no al Ejecutivo.
Más recortes en camino
Las declaraciones de Chaves coincidieron con el anuncio de una reducción de aproximadamente $59.3 millones para el Poder Judicial mediante un presupuesto extraordinario.
El ajuste también contempla recortes de $5,4 millones para la Asamblea Legislativa, $2.2 millones para la Contraloría General de la República y $684,000 dólares para la Defensoría de los Habitantes.
Además, el ministro adelantó que el proyecto de presupuesto nacional para 2027 incluirá nuevas reducciones en distintas instituciones públicas.
Los anuncios profundizan el enfrentamiento entre el Ejecutivo y varios órganos del Estado, en un contexto de crecientes debates sobre seguridad pública, independencia institucional y asignación de recursos en Costa Rica.