Costa Rica buscará frenar la migración irregular de ciudadanos nicaragüenses que se dedican a la minería ilegal en la zona de Crucitas. El gobierno costarricense estaría en planes de impulsar una reforma migratoria que detenga este flagelo.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, informó que ha instruido al titular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Omer Badilla, que prepare una reforma a la Ley de Migración para frenar la entrada ilegal de nicaragüenses dedicados a la minería ilegal.
Fernández dijo durante una conferencia de prensa que uno de los principales problemas que enfrenta su administración es el ingreso irregular de nicaragüenses e indicó que hay personas que han sido detenidas hasta 70 veces por entradas ilegales.
“Dentro de los problemas tenemos el ingreso ilegal de personas nicaragüenses y de otras nacionalidades al territorio nacional, donde tenemos casos de personas detenidas y deportadas hasta 70 veces, donde identificamos que se hace necesaria una reforma a la ley de migración”, afirmó.
La mandataria aseguró que las reformas migratorias estarán listas “muy pronto” y que serán incluidas en un paquete de reformas sobre seguridad que el Ejecutivo presentará ante la Asamblea Legislativa durante las reuniones extraordinarias, donde es el gobierno quien dirige la agenda legislativa.
La presidenta Fernández ha invitado a los 57 diputados a una visita el próximo 19 de junio a la zona de Crucitas para ver “en carne propia” las repercusiones ambientales de la actividad minera ilegal en la zona. La Asamblea ya discute un proyecto de ley que busca autorizar la minería en cielo abierto.
Las autoridades han señalado que inicialmente la zona de minería ilegal era de 900 kilómetros, pero los invasores se han desplazado hacia el Cerro Conchuditas, ampliando la zona a 3,000, donde más de 500 personas han sido detenidas por actividades mineras no autorizadas.
El Ministerio de Seguridad ha indicado que el sedimento extraído artesanalmente es depositado en sacos que son transportados al norte de Costa Rica hacia Nicaragua. Hasta marzo, las autoridades reportaban 16,000 sacos de sedimentos decomisados.
Asimismo, se reportan más de 114 túneles y 132 piletas dedicadas a la explotación minera ilegal en la zona. Se estima que las autoridades gastan al menos $1 millón en tareas de vigilancia en la zona.