El gobierno de Costa Rica anunció el viernes que planea lanzar una reforma al Código Penal para tipificar el delito por minería ilegal como parte del crimen organizado e imponer sanciones fuertes. Esta medida se sumaría a la reforma migratoria para detener los ingresos irregulares para minería artesanal en Crucitas.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que deben incluir en el Código Penal el delito de minería ilegal “como un delito específico y fuerte”, pues recordó que aunque es considerado una falta ambiental, la condena puede ser de solo dos meses.
En ese sentido, contó que policías desplegados en las 800 hectáreas de terreno de Crucitas han expresado que hay mineros artesanales ilegales a los que han detenido hasta 35 veces, quienes no han pasado por la prisión preventiva y vuelven al lugar para sacar oro.
“Hay que poner en el código penal la minería ilegal como un delito especifico y fuerte. Ustedes saben que la minería ilegal está tipificada como un delito ambiental y la condena es de dos meses. Hemos agarrado a sujetos hasta 35 veces y no han ido a prisión preventiva. Aquí hay que tomar medidas ya”, afirmó la mandataria costarricense.
Fernández aseguró que las personas que realizan actividades mineras en Crucitas no “son pobres migrantes”, sino personas pertenecientes a estructuras de crimen organizado que llegan a instalar campamentos, elaboran piletas y túneles para sacar oro y a su paso dejan una destrucción ambiental fuerte que contamina tierras y afluentes de agua.
Por ello, considera que la minería ilegal no debe solo incluirse como una falta ambiental, sino como un delito de crimen organizado. Dijo que actualmente, el gobierno está gastando $1,300,000 en tareas de seguridad, mientras despliega a 150 policías en la zona.
Todo esto, mientras la presidenta Fernández dijo temer que los miles mineros ilegales que operan en Indio Maíz, en Nicaragua migren hacia Costa Rica cuando sean desplazados por las empresas chinas a las que la dictadura de Daniel Ortega ha entregado concesiones.
La presidenta aprovechó para entregar cuadraciclos 4×4 a los policías desplegados en Crucitas, estos automotores fueron decomisados a estructuras criminales según dijo Fernández.
“Les importa un comino que estemos aquí, ellos siguen robándose el oro” agregó al referirse a las explosiones ocurridas el viernes durante su visita en Crucitas.
A inicios de mes, la presidenta anunció que había instruido a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para impulsar reformas que permitan frenar el ingreso irregular de nicaragüenses dedicados a la minería ilegal.
