La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica acordó que devolverá a la Asamblea Legislativa la misma nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, luego que los diputados pidieran un cambio de propuestas por supuestamente “no conocer” los perfiles.
La Corte Plena del máximo ente de justicia costarricense decidió durante su segunda sesión que se vuelva a remitir la misma nómina con los 18 candidatos seleccionados por concurso público para que la Asamblea elija a los nuevos magistrados suplentes, pues consideran que los legisladores “no presentaron razones objetivas” para descartar la lista.
En la Corte se encontraban 22 magistrados presentes para decidir, de ellos, 16 apoyaron que se reenviara la misma nómina, dos se abstuvieron de participar y solo cuatro votaron para que el expediente fuera devuelto a la Sala Constitucional para reiniciar el proceso.
Durante la discusión del tema, la magistrada de la Sala III, Patricia Solano, argumentó que la conformación de la nómina cumplió con el procedimiento legal y que los candidatos cumplen con los atestados y requisitos necesarios para ocupar el cargo de magistrado suplente.
Por su parte, el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, aseguró ante el resto de magistrados que “los diputados no expusieron criterios objetivos ni razonables” para desconocer la lista enviada, tomando en cuenta que se necesita la elección de nueve magistrados y que varios procesos están detenidos por la falta de suplencias.
Conformar nueva lista tardaría un año
La nómina con los 18 candidatos fue rechazada la semana pasada por iniciativa del oficialista Pueblo Soberano y pidieron que se armara una nueva lista. Según magistrados, de reiniciar este proceso, la elección se retrasaría al menos un año por los plazos para convocatorias, entrevistas y demás trámite.
El argumento oficialista para no proceder en la elección es que no conocen a los candidatos aunque entre ellos se encuentras juezas de carrera, especialistas en derecho público, magistrados, abogados litigantes y jueces con más de 24 años de experiencia.
Uno de los procesos detenidos por falta de magistrados es el caso contra el expresidente y ahora ministro, Rodrigo Chaves, quien enfrenta acusaciones por irregularidades en el financiamiento para su campaña de 2022.