Un informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la turbia situación de los derechos humanos en Nicaragua, será presentado a discusión en la 54 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.
La actualización sobre la situación del país centroamericano, desde el inicio de la crisis de represión y masiva violación de derechos humanos desde 2018, se discutirá en la orden del evento que inicia el 11 de septiembre y concluye el 6 de octubre del presente año.
El documento al que Centroamérica 360 tuvo acceso en su versión preliminar editada, revela que en abril de 2023 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a cargo de Volker Türk, presentó al Gobierno de Nicaragua información sobre los hallazgos y temas que debían abordarse en el informe, pero la dictadura no respondió.
OACNUDH también solicitó información a organizaciones internacionales, a víctimas de violaciones de derechos humanos y a la sociedad civil, consultó fuentes oficiales y abiertas disponibles para ampliar su informe, que abarca hechos y denuncias entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023.
Aniquilación de la sociedad civil
El documento resume con abundancia y precisión, la perturbadora realidad de los derechos humanos bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusados de crímenes de lesa humanidad por la responsabilidad en la masacre de 355 personas, más de 2,000 heridos, miles de detenidos, torturados y exiliados.
Se cita, por ejemplo, la coordinación entre los diputados de la Asamblea Nacional controlada por la dictadura con el Ministerio de Gobernación para revocar la personalidad jurídica de 1,988 organizaciones, incluidas 298 organizaciones extranjeras registradas en el país, en su mayoría asociaciones sin ánimo de lucro y universidades privadas, lo que hace un total de 3,338 personalidades jurídicas revocadas desde 2018, una cifra sin precedentes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías sobre libertad de expresión y derechos económicos condenaron la cancelación de la personería jurídica y confiscación de la Universidad Centroamericana en Nicaragua. pic.twitter.com/hZrsKPEILM
— Voz de América (@VozdeAmerica) September 1, 2023
El informe destaca que el gobierno de Nicaragua ha seguido limitando indebidamente los espacios cívicos y democráticos del país, incrementando su control represivo sobre instituciones y espacios públicos, y restringiendo las actividades de individuos y grupos con voces disidentes y, cada vez más, también de quienes no caen bajo su esfera de influencia.
Además, se ha revocado la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y se ha restringido indebidamente la libertad de asociación.
También se ha producido una fuerte escalada en la frecuencia y gravedad de los ataques contra la Iglesia católica y sus miembros.
12 situaciones de violaciones de derechos humanos
A continuación, se presentan 12 situaciones de violaciones de derechos humanos señaladas en el informe:
- El gobierno de Nicaragua ha seguido limitando indebidamente los espacios cívicos y democráticos del país mediante el uso de la fuerza de seguridad y métodos de espionaje y persecución.
- Se ha incrementado el control del gobierno sobre instituciones y espacios públicos mediante la integración de militares y policías activos o en retiro, además de espionaje y vigilancia.
- Se han restringido las actividades de individuos y grupos con voces disidentes mediante detenciones arbitrarias, juicios sin garantías procesales y ausencia de evidencias legales.
- Se ha restringido la libertad de asociación mediante la anulación de la legalidad de las organizaciones civiles, gremiales y otras.
- Se ha revocado la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y de otro tipo, además de la confiscación de sus bienes sin garantías algunas.
- Se ha desterrado y desnacionalizado a líderes opositores, periodistas, abogados, empresarios y religiosos, además de confiscar sus bienes.
- Se han detenido arbitrariamente a líderes religiosos, periodistas, activistas de derechos humanos, estudiantes y hasta familiares de miembros de organizaciones políticas.
- Se han detenido arbitrariamente a activistas políticos en relación con las elecciones municipales y condenados sin garantías procesales de ningún tipo.
- Se han utilizado recursos públicos para promover el voto a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional y se han realizado procesos electorales sin transparencia.
- Se ha hecho uso excesivo de la fuerza policial contra simpatizantes del partido político indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka en el marco de las votaciones de 2021.
- Se ha producido una fuerte escalada en la frecuencia y gravedad de los ataques contra la Iglesia católica y sus miembros, incluyendo la condena arbitraria y sin juicio contra el obispo Rolando Álvarez, bajo condición de desaparición forzada y puesto en condiciones carcelarias inhumanas.
- No se han respetado los derechos indígenas a la propiedad y se ha permitido la muerte de indígenas a manos de colonos, sin que el Estado resuelva las denuncias.
Violan las reglas Mandela
Además, el informe menciona que se han utilizado técnicas como denegar arbitrariamente el acceso a información sobre familiares detenidos y a impedir el acceso a material de lectura, objetos personales, ropa, ropa de cama, aire fresco, luz, alimentos, agua o ventilación.
🟣 ¡No más impunidad! La Comunidad Internacional debe sancionar a los generales del Ejército de Nicaragua por corrupción y violaciones a los derechos humanos. #SancionesAlEjercito pic.twitter.com/N0QRf1TNw0
— AUN (@AUNNicaragua) September 10, 2023
El informe destaca que las condiciones en las que se han mantenido a los detenidos equivaldrían a un trato prohibido por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (Reglas Mandela), de los que Nicaragua es parte.
Al final, el informe hace varias recomendaciones al régimen de Nicaragua para solucionar la crisis.
Recomendaciones a la dictadura
Entre ellas, se recomienda ratificar los convenios y protocolos facultativos de derechos humanos de los que Nicaragua aún no es parte, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
También se recomienda cooperar con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas para abordar las lagunas en materia de protección y permitir el acceso a Nicaragua y cooperar eficazmente con organizaciones regionales e internacionales.
La persecución contra la iglesia católica en #Nicaragua se ha convertido en una política de Estado desde 2018. Conozca las 4 etapas de la estrategia represiva contra la iglesia implementada por el régimen Ortega Murillo
Detalles aquí👇https://t.co/jwwGXjQSt5#LibertadReligión pic.twitter.com/tc1b8EHDtc
— Colectivo Nicaragua Nunca Más (@ColectivoNunca) September 6, 2023
Además, se recomienda que el gobierno de Nicaragua respete los espacios cívicos y democráticos del país, permita el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, respete la libertad de asociación y no revocar la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil.
También se recomienda que se respete el derecho a la libertad religiosa y se ponga fin a la escalada en la frecuencia y gravedad de los ataques contra la Iglesia católica y sus miembros.
