Congreso de Honduras aprueba juicio político contra consejero electoral y este lo desafía al anunciar que no comparecerá

El Congreso Nacional de Honduras activó juicios políticos contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral tras denuncias por faltas graves. Entre estos se encuentra Marlon Ochoa, quien fue suspendido de su cargo, y quien alega una cacería política.

Marlon Ochoa fue suspendido como consejero electoral de Honduras por el Congreso Nacional, que aprobó un juicio político para él.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó con 91 votos iniciar juicios políticos contra varios funcionarios del sistema electoral. La decisión incluye al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.

Además, el pleno incorporó en el proceso a los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta. Sin embargo, la consejera suplente del CNE, Karen Rodríguez, quedó fuera tras presentar su renuncia durante la lectura de la denuncia.

Según el decreto legislativo, el Congreso interpuso formalmente la denuncia de juicio político. La medida responde a señalamientos por faltas graves en el desempeño del cargo.

Los funcionarios fueron suspendidos de sus cargos.

Causales del juicio político en Honduras

El documento aprobado detalla varias causales que sustentan el juicio político en Honduras. Entre ellas destacan actuaciones contrarias a la Constitución y al interés nacional.

También incluye denuncias por negligencia, incapacidad o incompetencia en el ejercicio de funciones públicas. Estas acusaciones forman la base del proceso contra los funcionarios electorales.

Los diputados que promovieron la iniciativa señalaron que actúan bajo sus atribuciones constitucionales. Además, aclararon que no emiten juicios de culpabilidad, sino que trasladan denuncias existentes para su investigación.

Diputados argumentan control constitucional del poder

Los legisladores Sergio Figueroa, Marco Laínez y Miguel Motiño presentaron la denuncia ante el pleno. Indicaron que el proceso responde al ejercicio del control político establecido en la Constitución.

En ese sentido, afirmaron que existen denuncias formales respaldadas por documentación de organismos nacionales e internacionales. También mencionaron informes de misiones de observación independientes.

Por ello, sostuvieron que la magnitud de los señalamientos justifica activar el mecanismo de juicio político en Honduras.

Renuncia de Karen Rodríguez detiene proceso en su contra

Durante la sesión legislativa, Karen Rodríguez presentó su renuncia como consejera suplente del CNE. La decisión ocurrió mientras se leía la denuncia en el pleno.

Rodríguez argumentó que dejó el cargo para proteger su integridad física y psicológica. Como resultado, el Congreso decidió no continuar el juicio político en su contra.

Marlon Ochoa rechaza el proceso y no acudirá a citación

Tras la aprobación del juicio político, Marlon Ochoa anunció que no atenderá la citación del Congreso. El funcionario suspendido calificó el proceso como un mecanismo ya definido de antemano.

Ochoa era representante por el izquierdista Partido Libre, que gobernó de 2022 a 2026.

Ochoa afirmó que el juicio político carece de imparcialidad. También señaló que los diputados actúan bajo intereses partidarios.

El consejero suspendido defendió su gestión y aseguró que denunció irregularidades en procesos electorales anteriores. Entre ellas, mencionó supuestas manipulaciones en sistemas tecnológicos y dispositivos biométricos.

Además, sostuvo que el proceso representa una ofensiva contra el sistema electoral hondureño. En consecuencia, reiteró que no comparecerá ante el órgano legislativo.

Contexto político y próximos pasos

El inicio de los juicios políticos marca un nuevo episodio en la crisis institucional de Honduras. El proceso continuará con la fase de investigación y comparecencias, según lo establece la ley.

Mientras tanto, el Congreso Nacional deberá integrar el órgano que actuará como tribunal político. Este evaluará las pruebas y determinará responsabilidades.

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