La congresista republicana María Elvira Salazar, junto al legislador Chris Smith, anunció la presentación de la “Ley para Restaurar la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2026”, orientada a sanciones.
Según los congresistas, el proyecto apunta a asfixiar económicamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La iniciativa prohíbe inversiones estadounidenses y promueve sanciones directas contra sectores estratégicos del sandinismo.
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A la vez, exige el cese del respaldo de organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El texto legislativo surge en un contexto de máxima tensión: el círculo de poder en Managua vive momentos de incertidumbre tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y el endurecimiento del discurso republicano frente a regímenes autoritarios.
Como antecedente inmediato figura la Ley Nica Act, aprobada en 2018, que limitó el acceso de Nicaragua a financiamiento internacional y abrió la puerta a sanciones selectivas, pero sin lograr hasta ahora un cambio democrático real.
Apoyo a presos políticos y defensa de la Iglesia
La propuesta de ley subraya la necesidad de respaldar a los presos políticos, líderes religiosos y opositores, víctimas de una represión sistemática desde abril de 2018.
Además, instruye al Gobierno de Estados Unidos a elevar la presión en foros multilaterales y financiar programas que documenten violaciones a los derechos humanos, como parte de una estrategia integral para forzar elecciones libres, justas y transparentes.
De ser aprobada, la nueva legislación consolidará la postura más dura de Washington contra el régimen Ortega-Murillo, y lo enfrentaría a un escenario de aislamiento y mayor asfixia financiera internacional.
La dictadura Ortega Murillo asumió el poder político en NIcaragua en enero de 2007 y desde entonces ha recurrido al fraude, la corrupción y la violencia para perpetuarse en el poder 19 años consecutivos.