La iniciativa, que ordenó directamente el régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, la aprobaron con 90 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
Así lo anunció el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos.
Tras la votación en lo general, el proyecto lo leyó íntegramente ante el plenario la diputada Raquel Dixon, quien expuso los argumentos oficiales para la eliminación de la doble nacionalidad, sustentados en un discurso de nacionalismo al Estado nicaragüense.
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Cientos de miles en riesgo
Según la exposición de motivos, la nacionalidad es definida como un “pacto sagrado de lealtad” y no como un simple trámite administrativo.
El texto sostiene que “quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua”, y establece que “no puede existir doble fidelidad”.
La reforma también dispone que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra ciudadanía, un cambio de fondo que rompe con el reconocimiento previo de la doble nacionalidad.}
Tal medida impacta directamente a cientos de miles de ciudadanos que residen en el extranjero, en un contexto marcado por el exilio y la migración forzada.
En contraste, el nuevo texto constitucional mantiene una excepción para los ciudadanos de origen centroamericano.
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Obligan a los extranjeros a renunciar a su ciudadanía
El artículo 23 reformado establece que los extranjeros que soliciten la nacionalidad nicaragüense deberán renunciar a su ciudadanía de origen, salvo los centroamericanos, quienes podrán optar por la nacionalidad de Nicaragua sin perder la propia.
El régimen justificó la reforma apelando a una narrativa histórica que apeló a la “lucha antiimperialista”, y sostuvo que el Estado “tiene el derecho soberano de impedir que su ciudadanía sea utilizada por intereses extranjeros”.
La medida refuerza el giro restrictivo del marco jurídico nicaragüense en materia de derechos civiles y políticos, y consolida una visión de la nacionalidad como un acto de “entrega” y fidelidad absoluta al Estado.
Más de un millón de nicaragüenses viven y trabajan fuera del país, por lo cual existe el riesgo de que pierdan su estatus de nicaragüenses.