Las personas encontradas culpables de cometer violencia doméstica no podrán obtener una licencia de conducir, ni optar a cargos públicos y tampoco podrán comprar o portar armas de fuego, según las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional de Honduras.
Los diputados aprobaron por unanimidad las reformas a la ley contra la violencia doméstica para regular que los condenados por este delito sean vetados para obtener licencias de conducir, para ejercer cargos públicos y ser portadores de armas de fuego. Los diputados dijeron que la normativa necesitaba “dientes” para proteger a las mujeres.
Las reforman dan vida al nuevo Registro de Agresores contra la Mujer, donde tendrán que ser inscritos todos los condenados por violencia doméstica. El registro será administrado, actualizado y custodiado por el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
En el registro se incluirá un apartado para los condenados y otro para los hombres que tienen medidas restrictivas por denuncias de violencia. Los datos serán tomados de la Policía Nacional, Ministerio Público, la Secretaría de Asuntos de la Mujer (Semujer), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y la Secretaría de Trabajo.
Además, los legisladores reformaron los artículos 20 C y 20 D para regular que los condenados estén inhabilitados permanentemente y de forma vitalicia para adquirir, comprar, poseer, registrar o portar cualquier tipo de arma de fuego. Asimismo, quienes tengan permisos vigentes serán revocados definitivamente.
Los denunciados por violencia serán monitoreados
Los diputados también reformaron el artículo 6 de la ley para crear el sistema nacional de protección electrónica, con el que se obliga a que todos los denunciados por violencia doméstica que sean calificados como de “alto riesgo” deban portar tobilleras electrónicas o brazaletes que permitan su geolocalización.
Para el efectivo control del Sistema, las autoridades deberán instalar un centro de monitoreo que opere las 24 horas del día y que se encargará de verificar que los denunciados se mantengan en el perímetro de alejamiento de la víctima que los ha denunciado.
El Sistema será el encargado de emitir alertas en tiempo real con la Policía Nacional. Asimismo, luego que las víctimas interpongan denuncias y se celebre la audiencia inicial, las medidas de protección y cautelares dictadas por el juez podrán extenderse por hasta un año.
Solo en los primeros cinco meses del 2026 se han reportado más de 100 mujeres hondureñas asesinadas.