En el 46º aniversario de la fundación del Ejército de Nicaragua, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más lanzó un pronunciamiento que responsabiliza a esta institución de ejecutar una represión sistemática contra la población civil.
El documento señala que el Ejército funcionó como brazo armado de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
También asegura que no se limitó a colaborar con la Policía sandinista y con grupos armados progubernamentales, sino que ejecutó operaciones represivas que, según organismos internacionales, constituyen crímenes de lesa humanidad.
El informe recoge y amplía hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que ya había documentado la coordinación militar en la represión.
Reunión clave y órdenes presidenciales
El 20 de abril de 2018, apenas dos días después del inicio de las protestas sociales, altos mandos militares se reunieron de urgencia. En ese encuentro calificaron las manifestaciones como un “golpe de Estado”.
El mayor general Bayardo Rodríguez, jefe de Estado Mayor del Ejército, leyó ese día una orden presidencial que mandaba a “neutralizar” a los manifestantes. Esa directiva abrió la puerta a una ofensiva militar coordinada contra la ciudadanía.
Bajo el mando del general Julio César Avilés, sancionado internacionalmente por su papel en la represión, el Ejército entregó armas de uso exclusivo a la Policía y a grupos parapoliciales.
También entrenó civiles para labores represivas y desplegó francotiradores en distintas ciudades.
Militares disfrazados de policías o paramilitares sembraron el terror en las calles. El Ejército utilizó comandos de operaciones especiales, batallones regionales y hasta el Batallón Ecológico en estas acciones.
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Mandos responsables de la represión
El informe nombra a oficiales con responsabilidades directas.
Julio César Avilés, jefe del Ejército, facilitó armas y coordinó operativos letales.
Bayardo Rodríguez, jefe de Estado Mayor, transmitió la orden presidencial de represión.
Rigoberto Balladares Sandoval y Álvaro Peña Núñez, desde la Dirección de Información para la Defensa, asumieron el control operativo.
Leonel Gutiérrez López, al frente de Inteligencia Militar, dirigió operaciones encubiertas.
Otros generales y coroneles, como Marvin Antonio Paniagua, Manuel Salvador Gaitán, Denis Hernández Martínez, Vladimir Ilich Martínez, Álvaro Rivas Castillo y José Hilcias Rizo, lideraron comandos regionales en diferentes puntos del país.
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Víctimas y exigencias de justicia
El Colectivo documenta al menos 355 personas asesinadas por disparos de policías, militares y grupos parapoliciales. Miles más resultaron heridas, detenidas o forzadas al exilio.
“Estas acciones no fueron aisladas, sino parte de una estrategia sistemática y deliberada para aplastar la protesta cívica y perpetuar el poder del régimen”, denuncia el comunicado.
La organización exige desmantelar las estructuras represivas del Estado y poner fin a la impunidad. También reclama justicia para las víctimas.
“El Ejército de Nicaragua, tal como ha operado en los últimos años, no representa la soberanía ni la dignidad nacional. Representa la represión, el abuso, el miedo, la violencia, la muerte y la subordinación a un régimen que tiene las manos llenas de la sangre de nicaragüenses”, concluye el pronunciamiento.
