La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento en el que sostiene “serias preocupaciones” sobre las implicaciones del régimen de excepción en El Salvador, mismo que ya suma más de 91,500 detenciones.
El comunicado asegura que la Comisión se mantiene preocupada por el impacto de “la prolongación excesiva e indebida” del régimen, que ya cumplió cuatro años de vigencia tras 49 prórrogas consecutivas desde el 27 de marzo de 2022, que suspende los derechos a la defensa, la inviolabilidad de las comunicación y aumento del plazo de detención administrativa.
Además, recordó que el último decreto de extensión del régimen argumenta que esta medida era necesaria por “la aún existencia de grupos terroristas” porque de no erradicarse “permitiría un retroceso a los logros obtenidos” aunque la mejora en los índices de seguridad indicarían que “no persisten las razones objetivas iniciales que justificaron la emergencia.
El último decreto de extensión del régimen de excepción sostenía que más de 91,500 personas han sido detenidas en el marco del régimen de excepción.
De ellos, se estima que al menos 500 reos han muerto bajo custodia del Estado desde el inicio del régimen hasta el registro del 1 de marzo de 2026. Asimismo, enfatizó que desde 2024 se han documentado denuncias de detenciones ilegales, arbitrarias y sistemáticas.
Población penitenciaria supera los 100,000
El informe de la CIDH también señala que la población carcelaria en El Salvador supera las 130,000 personas según datos que han recibido de organizaciones de sociedad civil. Familias de reos han señalado que no se les permite visitar a sus familiares recluidos.
Tomando en cuenta las mejorías de seguridad, la CIDH insta al Gobierno de El Salvador que evalúe rigurosamente ” la decisión de mantener esta medida excepcional resulta compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con los principios de temporalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad”.
Por otro lado, señaló que la aplicación de la cadena perpetua en combinación con el régimen de excepción, que suspende el derecho a defensa podría “comprometer seriamente el debido proceso frente a la imposición de penas de máxima gravedad”.
