Canadá sancionó este martes a los cuestionados Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, fiscal general y fiscal contra la impunidad de Guatemala, además de dos funcionarios más, por sus constantes esfuerzos por socavar la democracia en el país centroamericano.
En un comunicado, la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Mélanie Joly, anunció que este nuevo régimen de “castigos” es en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales para “abordar la grave situación en Guatemala”.
Junto a Porras y Curruchiche fueron sancionados Cinthia Edelmira Monterroso , fiscal, y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez.
Según la notificación, los 4 tuvieron participación en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y cometieron graves violaciones de derechos humanos con impunidad, “incluso durante la administración del presidente Alejandro Giammattei y más allá”.
“Las personas antes mencionadas han te ajado incansablemente para socavar la democracia e impedir una transición pacífica del poder. Estas sanciones servirán para disuadir acciones obstruccionistas por parte de funcionarios públicos corruptos y para apoyar al gobierno democráticamente elegido de (Bernardo) Arévalo”, dice el comunicado.
“Junto con sus socios internacionales, Canadá está imponiendo estas sanciones para contribuir colectivamente a los esfuerzos para combatir la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos en Guatemala. Además, la imposición de sanciones refleja el compromiso de Canadá de promover y proteger la democracia, el orden internacional basado en reglas y el estado de derechos, añadió.
“Canadá apoya al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional al condenar la corrupción y la impunidad arraigadas y está comprometido a trabajar con el gobierno democráticamente elegido de Arévalo para fortalecer la seguridad, los derechos humanos, la prosperidad inclusiva y el estado de derecho”, agregó.
Estas sanciones están en línea con las de la Unión Europea y Estados Unidos, aliados que recientemente han impuesto medidas dirigidas a individuos guatemaltecos antidemocráticos.
Porras y Curruchiche fueron la punta de lanza de “un golpe de estado en cámara lenta”, como lo describió Arévalo en su momento, y persiguieron judicialmente al ahora mandatario, a su partido Micimiento Semilla y a los magistrados electorales.
