La Fundación Victoria, asociada a la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN) y dedicada a la educación de jóvenes de escasos recursos, cerró sus puertas en Nicaragua, obligada por la represión estatal.
El Ministerio de Gobernación, el verdugo de la sociedad civil y los presos políticos, confirmó su disolución voluntaria este lunes, junto con otros 4 organismos más.
Esta acción se suma a la creciente eliminación y anulación de organizaciones civiles, sociales y religiosas en el país bajo las órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes no están dejando piedra sobre piedra de la cooperación civil.
Fundada en junio de 2010, la Fundación Victoria ofrecía carreras técnicas en su plan de estudios.
La solicitud de disolución, presentada en octubre, alegó la falta de miembros para consolidar la junta directiva y la ausencia de donaciones para continuar sus proyectos.
Además de la Fundación Victoria, otras 4 organizaciones optaron por la disolución voluntaria, incluyendo organizaciones ambientalistas y religiosas: Bremen Overseas Research and Development Association – Borda E. V., la Asociación Ministerio Pentecostés Ensanchando el Reino de Jesucristo, Asociación Centro de Atención Integral Edipcia y Manuela (CAIEM SOL), y la Asociación de Ganaderos del Municipio de Cárdenas (AGMUC).
La dictadura Ortega-Murillo ha intensificado la confiscación de bienes, cuentas y recursos de las organizaciones canceladas.
Según el acuerdo ministerial 115-2023 del Ministerio de Gobernación, cinco organismos adicionales han sido cancelados y sus bienes transferidos al Estado nicaragüense. Estos incluyen el Club Social de Acoyapa, la Fundación de Ministerios Cristianos para el Desarrollo Juan 13:35, y otros, acusados de no reportar sus estados financieros y de tener juntas directivas vencidas.
Este fenómeno, parte de una amplia campaña de represión, ha afectado gravemente el apoyo social a las clases más pobres de Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó en noviembre que desde abril de 2018 hasta agosto de 2023, el régimen ha ilegalizado a 3,390 de las 7,227 organizaciones registradas legalmente en el país.
El cierre de la Fundación Victoria y otras organizaciones destaca la continua restricción del espacio cívico en Nicaragua, un país sumido en una crisis política y de derechos humanos bajo la dictadura de Ortega-Murillo.
