Aprueban ley para que bancos indemnicen a víctimas de estafas electrónicas en Costa Rica

La Asociación Bancaria de Costa Rica advierte que esta ley podría aumentar el crimen organizado y los cobros indebidos.

Las indemnizaciones por estafas tendrían que ser pagadas sin abogados, peritos ni jueces.

La Asamblea Legislativa aprobó la “Ley de protección a los consumidores en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica”, que contempla que los bancos indemnicen a los usuarios víctimas de estafa.

Tras su aprobación en segundo debate, las instituciones bancarias serán responsables de responder a sus clientes por estafas electrónicas que puedan sufrir en los fondos que guardan en bancos. El diputado Óscar Izquierdo, quien propuso la ley, dijo que espera que los bancos refuercen sus sistemas para evitar que haya fraudes.

La nueva legislación aplica tanto para instituciones financieras públicas y privadas, las cuales, deberán asumir una “responsabilidad solidaria” para entregar indemnizaciones a sus clientes cuando estos sean perjudicados por “la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas”.

“Viene a poner orden al sistema financiero de este país, viene a proteger a los costarricenses contra los fraudes. Es enorme la cantidad de personas que se han visto afectadas por fraudes” dijo el diputado Izquierdo.

Diputados han señalado que estas nuevas disposiciones afectan la aplicación de la Ley general de la administración pública porque los usuarios ya no tendrían que probar ante las autoridades que no tuvieron nada que ver con la estafa que aseguren haber sufrido.

Asociación Bancaria advierte cobros indebidos

Durante el estudio de la ley ahora aprobada, la Asociación Bancaria Costarricense vio negativa la ley porque consideran que incentivaría el crimen organizado, aumento de estafas y cobros indebidos al ser los bancos quienes asuman la responsabilidad económica por las estafas.

Ahora, será los mismos bancos quienes internamente tengan que entregar las indemnizaciones sin respaldo de abogados, peritos o jueces. El diputado Izquierdo dijo en la aprobación que el procedimiento anterior hacía a las víctimas pasar por un “camino tortuoso”.

Aunque el proyecto fue ingresado formalmente en 2023 en la Asamblea Legislativa, fue hasta tres años después que fue aprobado por el Órgano Legislativo costarricense.

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