Los abogados que funjan como defensores en casos de crimen organizado, narcotráfico, financiamiento del terrorismo y ligitimación de capitales tendrían que demostrar de dónde proceden los fondos que reciben como pago por sus servicios en Costa Rica, según una propuesta presentada en la Asamblea Legislativa.
El proyecto presentado por el diputado de Frente Amplio, Antonio Trejos, establece que la incorporación de un artículo en la Ley contra estupefacientes y crimen organizado para obligar a los abogados a que justifiquen la procedencia de sus pagos por servicios de presentación en casos de narcotráfico y crimen organizado.
La reforma de ley también incluiría que se definan mecanismos de trazabilidad para rastrear la procedencia de los fondos que reciben los abogados que defienden a acusados de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo en Costa Rica.
“Cuando un abogado defensor de un caso de narcotráfico, independientemente de la culpabilidad de su cliente, recibe los honorarios por hacer esa defensa, tenga que demostrar de dónde vienen esos fondos. Que haya trazabilidad”, indicó el diputado.
Aunque la medida aplicaría a todo tipo de pagos, los que serían principalmente escrutados serían los que superar los 10 salarios mínimos, es decir, más de 4.6 millones de colones costarricense, es decir, poco más de los $10,000.
Rastreo de fondos
El rastreo de los fondos incluiría detalles de la persona que realizó el pago, hacia dónde se dirigieron los fondos, en qué momento se efectuó el desembolso del dinero y por supuesto, el origen del dinero.
Trejos dijo que busca que el dinero del crimen organizado no termine en manos de bufetes de abogados, por ello, también se pediría que los pagos elevados se realicen a través de transferencia bancaria o a través de cheque.
