Un abogado nicaragüense, despojado de su nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega, ha presentado una demanda en Argentina por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Managua precisamente por ser víctima directa de los mismos.
“Fui despojado de mi nacionalidad por un acto arbitrario y alejado del Derecho Internacional por el gobierno de Nicaragua el 15 de febrero pasado. Entonces mi denuncia la presento como víctima directamente afectada por esos crímenes ante el Juzgado Criminal y Correccional número 4 de Argentina, encargado de la causa. El juez admitió mi denuncia y me consideró querellante, es decir, que puedo presentar mis propias pruebas y alegatos”, explicó el abogado Danny Ramírez Ayérdiz en una entrevista desde Buenos Aires con Centroamerica360.
Ramírez Ayérdiz estudió derecho en la Universidad Politécnica de Nicaragua -hoy confiscada por el régimen- y tiene una maestría y doctorado en derechos humanos en Argentina. Ha residido entre Argentina y Nicaragua desde 2014. Desde 2019 reside en Buenos Aires de manera permanente por una beca doctoral otorgada por el Consejo Nacional de investigaciones científicas y técnicas del país sudamericano.
La denuncia de este abogado nicaragüense se enmarca en una demanda más general interpuesta por los doctores Diego Pirota y Darío Richarte, con el aval del fiscal Raúl Taiano, por los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Nicaragua desde 2018.
Ramírez Ayérdiz pronostica que “detrás de mí vienen más víctimas a denunciar por lo mismo” y anunció que los van a representar desde el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) que tiene sede en Buenos Aires y del que él es el secretario ejecutivo.
Despojo sin motivo legítimo
Ramírez Ayérdiz sostiene que “no hay un motivo legítimo” por el que lo despojaron de su nacionalidad. Otros 316 nicaragüenses han sufrido la misma medida, incluyendo los 222 presos políticos liberados el 9 de febrero, el obispo Rolando Álvarez, preso político de la dictadura, escritores, periodistas, abogados, empresarios y reconocidos líderes de la sociedad civil nicaragüense.
“Racionalmente, yo no encuentro ninguna explicación. En el marco de la actuación del patrón de censura, castigo y venganza imagino que a mí, junto a los demás que nos han despojado de nuestra nacionalidad, obedece a un pretendido silenciamiento de las voces que se han alzado contra las tropelías que comete el gobierno de Nicaragua día a día contra los nicaragüenses”.
Danny Ramírez Ayérdiz, abogado nicaragüense.
“En mi caso, reitero, no hay un motivo racional, porque toda violación de derechos humanos es irracional. Yo creería que es por mi actividad como defensor de derechos humanos que ejerzo como secretario ejecutivo de CALIDH”, agrega.
El jurista considera que en su caso personal, desde la fundación del CALIDH en marzo de 2022, ha estado en contacto con los medios de comunicación nicaragüenses “y eso creo que molestó al Gobierno de Nicaragua”.
Las consecuencias
El abogado nicaragüense dice no esperar nada para sí mismo pero sí efectos concretos para las víctimas.
“El poder judicial argentino al dictar una sentencia, tendrá tres efectos inmediatos: 1. Que se determine a través de la verdad legal, mediante una sentencia -que no ha sucedido- que Daniel Ortega, Rosario Murillo y demás altos funcionarios sean condenados y sentenciados, que exista una pena y una sanción.La sentencia misma será una forma de reparación moral para las víctimas. 2. Que las víctimas empiecen a sentir que sus voces están siendo escuchadas pues el discurso estatal nicaragüense de negación de cualquier participación de sus funcionarios en crímenes de lesa humanidad ha invisibilizado a las víctimas y les ha negado tal condición y 3. que la postura judicial argentina pueda ser un aliciente para otros países que han dicho estar comprometidos con el reestablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”, explica Ramírez-Ayérdiz.
Para el jurista, ‘más que un precedente” la demanda en sí ya es un acto concreto”. El proceso se abrió en septiembre del año pasado y la activación de la jurisdicción universal es una de las vías para someter las graves violaciones de derechos humanos del régimen nicaragüense ante tribunales extranjeros.
