Mientras exista un solo preso político en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no podrá convencer al mundo de que el país vive en democracia. Las cárceles continúan siendo el espejo más cruel del régimen: allí permanecen ciudadanos cuyo único delito ha sido pensar diferente, ejercer su libertad de expresión, organizarse políticamente o reclamar el derecho a vivir en libertad.
La persecución no ha cesado. Por el contrario, continúa renovándose con nuevos métodos y nuevas víctimas. En las últimas dos semanas, dirigentes opositores han denunciado la captura de alrededor de quince nuevos opositores políticos, la mayoría de ellos identificados con el liberalismo democrático.
Cada una de estas detenciones confirma que la represión sigue siendo el principal instrumento de control político del régimen, por mucho que la pareja copresidencial y sus voceros traten de lavarse las manos y pretendan vender, demagógicamente, a la ciudadanía y a la comunidad internacional la idea de que todo va bien en Nicaragua.
No se trata únicamente de encarcelar personas, pues al hacerlo cobardemente se envían señales de un incremento del temor entre la ciudadanía. Es la mera prisión convertida en política de Estado.
Paradójicamente, quienes hoy desgobiernan al país construyeron buena parte de su legitimidad política denunciando precisamente la existencia de presos políticos durante la dinastía somocista.
Durante los años setenta, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) convirtió la libertad de los presos políticos en una bandera nacional e internacional. Intelectuales, gobiernos democráticos, organizaciones humanitarias e incluso la Iglesia Católica exigían entonces la liberación de quienes eran perseguidos por razones políticas.
Hoy, Daniel Ortega y su modelo castrochavista han invertido la historia dramáticamente. Quienes ayer denunciaban la represión son ahora señalados por utilizar exactamente los mismos métodos que condenaban. Las cárceles volvieron a llenarse de opositores; las familias vuelven a peregrinar en busca de noticias de sus seres queridos, y la comunidad internacional vuelve a exigir la libertad de estos.
No obstante, la diferencia es aún más dolorosa. La revolución prometió que nunca más habría presos políticos, pero desde los primeros días del atraco al poder (es un falso mito eso del triunfo de las “revoluciones” en Cuba y Nicaragua; a diferencia de las grandes revoluciones, como la francesa y la estadounidense, que heredaron valores y principios positivos a la humanidad, estas únicamente han dejado pobreza, represión y miseria social), las cárceles empezaron a llenarse de prisioneros de conciencia; se comenzó a enviar gente al exilio, a confiscar bienes, a perseguir periodistas, a cerrar partidos políticos y a suprimir libertades públicas, severamente restringidas.
La historia ya comenzó a juzgar con la misma severidad, e incluso con mayor dureza, al sandinismo oficial que al somocismo. Este último incluso tuvo la oportunidad de terminar con la vida de muchos dirigentes sandinistas y no lo hizo. La diferencia en la crueldad entre uno y otro sistema resulta hoy abismal.
Actualmente existen más de un centenar de presos políticos, sin contar con los desaparecidos y con los muertos de los últimos 12 meses en prisión como Brooklyn Rivera Bryan líder indígena, Mauricio Alonso Petri, Carlos Cárdenas Zepeda y un caso bajo identidad reservada que por respeto a la familia no inscribo en este listado el nombre del joven de Estelí.
También hay otros: Los mostrados ante las cámaras por el régimen como Stedman Fagoth o Bayardo Arce —este último perteneciente a los reclusos provenientes de la propia estructura sandinista— faltando los no mostrados que contabilizan casi 60 y entre esos hay 22 con desaparición forzada según datos de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ), aunque extraoficialmente se reconocen más de 300 según testimonios de familiares, amigos y excarcelados políticos. Todo esto sin contar, según medios de prensa en el exilio, con unos 700 presos con casa por cárcel quienes deben presentarse todas las mañanas a firmar al comando más cercano de la estación policial orteguista más cercana, tal es el caso de dirigentes del Partido Liberal Independiente (PLI-HISTÓRICO).
¿Hasta cuándo habrá presos políticos de la oposición interna? La respuesta no depende de discursos oficiales, de reformas constitucionales diseñadas para perpetuar el poder ni de las cifras de los organismos de derechos humanos. Dependerá de una justificada rebelión ciudadana, coordinada con un respaldo más concreto y sin subterfugios algodonados de toda la comunidad internacional, la cual tampoco puede resignarse.
Guardar silencio equivale a legitimar la persecución, como lo siguen haciendo el sistema de integración centroamericano y la conciencia de los presidentes de la región, a excepción del de Panamá, Jose Raúl Mulino.
Nicaragua necesita, en primer lugar, la liberación de los actuales presos políticos y, dentro de esa agenda, dejar claro que la perspectiva de un diálogo político entre la oposición y el régimen con la vigilancia internacional podría colapsar por la intransigencia y el absolutismo de Ortega en sus últimas apariciones públicas.
La viabilidad de unas elecciones libres quedaría, dentro de este contexto de radicalización del régimen, en un compás de espera, mientras la posibilidad de una extracción o salida violenta de quienes ostentan el poder por la fuerza de las armas se acrecienta cada vez más. Así las cosas, el futuro de la cúpula copresidencial y de sus allegados militares, partidarios, testaferros y familiares tendrá su propia “noche oscura”, como profetizó su Santidad Juan Pablo II a inicios de los 80.
La libertad de los presos políticos no puede convertirse en una concesión ocasional ni en una moneda de negociación. Hasta entonces, la pregunta seguirá resonando en la conciencia de todos los nicaragüenses y en la de la comunidad internacional: ¿Hasta cuándo habrá presos políticos de la oposición interna en Nicaragua?