El llamado “modelo Bukele” –en referencia a Nayib Bukele, presidente de El Salvador desde 2019, y convertido en referente de las políticas de mano dura– constituye uno de los fenómenos penales recientes más discutidos a nivel global. Sus resultados en reducción de la violencia han sido ampliamente difundidos aunque, en paralelo, ha recibido críticas contundentes por sus implicaciones en materia de derechos humanos y garantías democráticas.
El modelo genera, así, adhesiones y rechazos intensos, haciendo que el debate se mantenga en esa dicotomía más de lo deseable. Quienes lo apoyan suelen aceptar sus peligrosos excesos; quienes lo rechazan a menudo eluden una pregunta delicada: ¿qué alternativa se le ofrece a quien lleva décadas viviendo bajo una violencia que el Estado no ha sabido contener?
Antes de Bukele: violencia y fracaso institucional
Durante décadas, El Salvador registró niveles de violencia extraordinariamente elevados, situándose entre los países con mayores tasas de homicidio del mundo. Esta violencia –continuada y estructural– estaba vinculada al control del territorio que ejercían las pandillas (las maras), conocidas internacionalmente por el uso de tatuajes visibles en el rostro, además de en otras partes del cuerpo.
Las pandillas no solo cometían homicidios: imponían un régimen de dominación basado en la extorsión, la amenaza y el miedo constante, condicionando la vida diaria de la población.
En El Salvador, era (es) normal tener amigos o familiares asesinados, vivir en casas protegidas por concertinas, encontrarse con personal de seguridad armado en la entrada de una farmacia o un restaurante y tener que pagar periódicamente una cantidad de dinero a la pandilla del barrio para vivir allí o tener un negocio.
En este escenario, marcado también por elevados niveles de pobreza y corrupción, las respuestas estatales previas a Bukele no lograron revertir el problema. A pesar de la alternancia política entre gobiernos de izquierdas y derechas, las estrategias implementadas –incluyendo operativos policiales y militares intensivos– no consiguieron desmantelar las estructuras criminales y, en muchos casos, generaron efectos negativos adicionales, como abusos y deterioro de la confianza institucional.
Es en este contexto de violencia crónica y agotamiento social donde debe situarse la estrategia impulsada por el presidente de El Salvador.
Luces y sombras del modelo
A partir de 2019, y especialmente tras el régimen de excepción de 2022 –que implicó una suspensión prolongada de garantías constitucionales y una ampliación extraordinaria del poder punitivo estatal–, el Estado salvadoreño desplegó una política de control penal intensivo basada en detenciones masivas, el encarcelamiento generalizado y el endurecimiento del sistema penitenciario.
Esta política ha llevado a El Salvador a registrar la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con cifras que superan los 1 600 presos por cada 100 000 habitantes. Para dimensionar la cifra: Cuba, segunda del ranking, tiene la mitad; España, alrededor de 116.
Los resultados de la estrategia, sin embargo, han sido contundentes, al menos en términos de seguridad. Las cifras oficiales indican una reducción drástica de los homicidios, acompañada del descenso de otros delitos, como la extorsión. Además, los indicadores de percepción de seguridad confirman este cambio: una gran parte de la población afirma sentirse segura en su vida cotidiana, algo impensable en años anteriores.
Estos resultados ayudan a explicar por qué el modelo ha recibido un apoyo significativo dentro de El Salvador y también fuera de él, especialmente en Latinoamérica, donde algunos sectores de la población lo perciben como una respuesta posible a la violencia en sus propios países.
Así, actores políticos de Costa Rica, Argentina, Chile o Guatemala han planteado ya medidas inspiradas en él. Ahora bien, este apoyo convive con sectores crecientes de la población que cuestionan esta estrategia por sus costes en derechos y garantías.
En esta línea, Bukele y su modelo han sido objeto de críticas severas. Organizaciones y académicos han denunciado detenciones arbitrarias, encarcelamiento de personas inocentes y graves limitaciones al debido proceso en el marco del régimen de excepción. También se ha cuestionado la fiabilidad de las estadísticas oficiales, señalando cambios en los criterios de recuento de homicidios que podrían sobredimensionar la reducción de la violencia.
A ello se suman preocupaciones por el gran deterioro institucional y democrático derivado de la concentración de poder y la “deriva autoritaria” de Bukele –que incluye la persecución y encarcelamiento de periodistas y activistas–, así como dudas sobre la sostenibilidad de una estrategia basada en el encarcelamiento masivo en un contexto de pobreza persistente.
Más allá del todo o nada: el incómodo vacío de alternativas
La discusión sobre el caso de El Salvador suele plantearse en una lógica de todo o nada: se acepta el modelo por sus resultados en seguridad o se rechaza por sus elevados costes. Sin embargo, ambas posiciones resultan, de algún modo, insuficientes.
El problema de la primera es más visible: minimiza sus gravísimas implicaciones, expuestas anteriormente. El problema de la segunda –que a menudo pasa desapercibido– es que elude una cuestión incómoda: no existen alternativas que, a día de hoy, hayan demostrado ser eficaces para reducir de manera rápida niveles extremos de violencia en países con las características de El Salvador y parte de la región latinoamericana.
Los enfoques preventivos –educación, reinserción, policía comunitaria…– cuentan con un amplio respaldo empírico, pero su aplicación requiere tiempo y presenta límites importantes en escenarios donde las estructuras criminales ejercen un control consolidado sobre el territorio y la vida cotidiana, y donde cada día de espera se traduce en muertes.
Ignorar este problema contribuye, paradójicamente, a reforzar el atractivo de modelos como el salvadoreño. Una parte relevante de su apoyo no se explica por su legitimidad, sino por la percepción de que es la única opción que ha ofrecido resultados visibles. Reconocer esta realidad no equivale a legitimar el modelo; es el punto de partida para combatirlo.
El reclamo real de mano dura
Desde contextos alejados de la violencia resulta más sencillo rechazar estrategias ilegítimas, porque hacerlo no implica continuar viviendo amenazado. Pero para quienes padecen esa realidad de forma cotidiana, la urgencia reduce drásticamente el margen de elección: se prioriza sobrevivir hoy sobre las garantías que deberían proteger el mañana.
Comprender esta lógica –sin validarla– es indispensable para entender por qué determinados sectores de la población formulan demandas de mano dura en estas situaciones y por qué líderes con propuestas extremas e ilegítimas logran una base de apoyo real.
En este sentido, si se quiere evitar que la excepcionalidad punitiva se consolide como única opción políticamente creíble, no basta con denunciar sus costes: es imprescindible construir alternativas realistas y operativas que, además de normativamente deseables, sean también eficaces en contextos de violencia estructural. De lo contrario, el riesgo es su expansión a otros países, con costes democráticos inaceptables y sin garantía de resultados.
Marta Martí Barrachina, Profesora colaboradora en criminología, UOC – Universitat Oberta de Catalunya
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.