Destituciones y renuncias en Honduras

Por Carolina Alduvin, académica hondureña

Johel Zelaya, fiscal general de Honduras, destituido por el Congreso.

Se tomaron su tiempo; entre el acomodo inicial y el cálculo político, hilando fino, con el respaldo y presión de la sociedad civil organizada, todos los diputados adscritos a los partidos políticos democráticos respondieron a las demandas e intereses de la ciudadanía. Los diputados más conscientes de su deber admitieron las denuncias, se aseguraron de que no quedaran cabos sueltos en el debido proceso, obtuvieron el respaldo de sus compañeros, soportaron la actitud grosera y cobarde de los residuos izquierdosos en su recinto y cumplieron la voluntad popular, honraron a quienes, contra viento y marea, custodiaron y dieron a conocer los resultados electorales. Acataron la letra y espíritu de la Ley de Juicio Político y suspendieron temporalmente de su cargo al títere de “Meligno” y sus libretas al frente del Ministerio Público.

Sin más trámites, procedieron al interrogatorio donde, a petición del acusado, se difundió en televisión nacional su vacilante y evasiva comparecencia, insultante a la inteligencia de los diputados a cargo y a toda la audiencia. Con mal disimulado nerviosismo, al menos no se rebajó al patético nivel de su cómplice en organismo electoral; sí se empecinó en negar lo evidente, en poner cara de yo no fui, a sabiendas que no la libra, faltar al respeto a quienes formularon preguntas aclaratorias, alegando desinformación. Todos fuimos testigos, directos o por medio de publicaciones periodísticas, de sus sesgadas actuaciones y de haber ignorado olímpicamente las denuncias contra miembros del familión y la caterva de abusivos incondicionales de ellos.

Las críticas no se hicieron esperar, comenzando con la conformación de la Comisión a cargo, pasando por la metodología y la rasgadura de vestimenta de quienes intuyen podrían ser sujetos del mismo procedimiento. El resultado difícilmente va a variar, el acusado, pese a haber quedado solo, no va a renunciar y reta a los legisladores a decretar la bien merecida suspensión definitiva. Cabe señalar que, en este par de meses que tal atribución del Congreso Nacional se discute en la palestra nacional, ninguno de los abogados del diablo había salido con la batea de fluido salival de una prohibición de parte de la CIDH, ni amenazado con una nueva demanda para el Estado de Honduras, por el ejercicio de una atribución constitucional, a la que recurrieron once veces los libretas durante la pasada legislatura.

También es de tener en cuenta que, como todo en la Cámara Legislativa, el juicio tiene carácter político y así precisamente se le denomina; es decir, no se trata de procedimiento laboral o penal dentro del Poder Judicial. Por tanto, no requiere de misma rigurosidad de lo que procede una vez fuera de los cargos. Los miembros de la Comisión, por tratarse del estreno de una atribución y deber legal, no tienen experiencia en el procedimiento. Es cierto que el pleno pudo seleccionar a otros miembros, ajenos al ilegal nombramiento del denunciado; mucho se puede mejorar, nadie nace sabiendo y en las actuales circunstancias, cuando es imperativo comenzar con la buena voluntad de quienes dijeron ¡¡¡PRESENTE!!!, con ellos hemos arrancado, así que bienvenida la crítica, todos ganarán la indispensable experiencia para hacerlo mejor con los siguientes.

La caída de este cantinflesco personaje, cuyas sesgadas y lacayunas actuaciones no sólo entorpecieron el proceso electoral en sus diferentes fases, e ignoraron casos relevantes de quienes lo pusieron donde no dio el ancho, sino que han derivado en el sentido fallecimiento de la Magistrada del TJE, a quien se le impidió tratamiento en el extranjero por una simple denuncia, por el patriótico hecho de cumplir con su deber; es más que suficiente para ser cuestionado y procesado. Esa muerte y otros perjuicios a la sociedad que juró defender es algo con lo que deberá vivir el resto de sus días. Digan lo que digan los que temen caer con él, ya se barajan los nombres de quienes deberían ostentar el cargo por sus demostrados méritos y apego a la Ley. Con la caída de esta figura clave para la impunidad del familión y adláteres, se envía señal a quienes con soberbia, incapacidad y sesgo ñangaroso, fomentan la impunidad de los corruptos, de los asesinos de ambientalistas y todo tipo de acosadores que terminan en cobarde lloriqueo. Los que siguen en la lista están a tiempo de renunciar, salvando algo de dignidad.

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