La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa cerrar miles de casos de asilo presentados por migrantes que ingresaron de forma irregular al país, dejándolos expuestos a deportaciones inmediatas, como parte de su política migratoria más severa hasta la fecha, informaron este miércoles fuentes cercanas al proceso citados por la cadena CNN.
La medida, aún no oficializada, busca acelerar las expulsiones en medio de la presión por elevar las cifras históricas de arrestos migratorios. El plan afectaría principalmente a solicitantes de asilo que ingresaron ilegalmente y que luego formalizaron sus peticiones ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), quienes podrían quedar sin protección migratoria.
Según un informe federal, alrededor del 25 % de los solicitantes de asilo entre 2013 y 2023 ingresaron al país sin documentos, lo que representa al menos 250,000 personas. Actualmente, cerca de 1.45 millones de solicitudes de asilo siguen pendientes en USCIS, dependencia que ahora tendría la facultad de iniciar procesos de deportación rápida, según un memorando del Departamento de Seguridad Nacional obtenido por CNN.
El secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, habría delegado a USCIS la potestad de ejecutar estas expulsiones sin audiencia judicial previa, lo que representa una ruptura con el protocolo migratorio vigente desde hace décadas.
En reacción, expertos y defensores de derechos humanos advierten sobre las graves consecuencias de esta política.
“Están convirtiendo una agencia que concede beneficios migratorios en un brazo de deportación”, denunció Sarah Mehta, subdirectora de la ACLU.
El nuevo procedimiento permitiría la expulsión acelerada de quienes no puedan demostrar dos años de residencia continua en EE.UU. Algunos migrantes ya han recibido notificaciones de rechazo sin una resolución oficial sobre sus casos.
Organismos defensores consideran que esta estrategia vulnera derechos fundamentales.
“Todo solicitante de asilo debe tener acceso a un proceso justo”, dijo Michael Knowles, representante sindical de empleados de USCIS. En tanto, Conchita Cruz, de Asylum Seeker Advocacy Project, advirtió que la política “dañará a familias, empleadores y comunidades enteras”.
La propuesta surge en un contexto de reducción de ayuda exterior, tensiones comerciales y revisión de acuerdos como el CAFTA-DR, lo que podría tener un impacto directo sobre los países centroamericanos con altas tasas de migración hacia EE.UU.
