Un jurado federal en Estados Unidos ordenó el pago de más de $500,000 a cinco trabajadores agrícolas originarios de Guatemala, quienes denunciaron haber sido explotados y mal remunerados por la empresa contratista Purpose Point Harvesting, que los llevó a Michigan para labores de siembra y cosecha entre 2017 y 2019, según reportó la agencia Associated Press (AP).
Del total del veredicto, $450,000 corresponden a daños punitivos por violaciones a la ley federal contra la trata de personas. El fallo fue emitido la semana pasada en un tribunal del distrito federal en Grand Rapids, Michigan.
Durante el juicio, los cinco guatemaltecos ofrecieron su testimonio —traducido del español al inglés— y relataron jornadas extenuantes de hasta 100 horas semanales sin recibir el pago correspondiente por tiempo extra.
Según explicó la abogada Teresa Hendricks, sus representados recolectaban espárragos incluso pasada la medianoche, usando lámparas frontales, y dormían en sofás, en condiciones precarias.
“Se les decía que, si no les gustaba, era mejor que lo que ganarían en Guatemala”, declaró Hendricks. “Son algunos de los hombres más valientes que conozco. Vinieron a este país a defender sus derechos, hablar con la verdad en una sala de audiencias extraña, frente a un jurado”.
El abogado defensor de Purpose Point, Robert Alvarez, afirmó que otros trabajadores contradijeron las acusaciones y que su cliente continuará el proceso legal: “Seguimos negando las acusaciones y esperamos con interés la apelación”.
Los trabajadores llegaron a EE.UU. mediante el programa H-2A, que permite contratar mano de obra extranjera en el sector agrícola cuando no se encuentra personal local. Purpose Point actuaba como intermediario, reclutando y pagando a los trabajadores.
Según Hendricks, el dueño de la empresa también es originario de Malacatán, la misma región guatemalteca de donde proceden los demandantes.
La abogada destacó lo difícil que resulta que trabajadores migrantes denuncien este tipo de abusos. “El miedo a ser deportados, perder sus empleos y visas era real”, indicó. Hendricks recordó que conoció a uno de los trabajadores en un campo de maíz, de noche, mientras él todavía temía represalias por hablar.
Este caso se suma a otros procesos judiciales en Estados Unidos que han expuesto abusos contra trabajadores bajo el programa H-2A, y reaviva el debate sobre los derechos laborales de migrantes temporales en el sector agrícola.