Un nuevo país tiene en la mira a la megacárcel salvadoreña para albergar a los peores delincuentes, en un intento por aliviar su crisis penitenciaria.
El Reino Unido podría sumarse a la lista de países que buscan trasladar a sus criminales más peligrosos a cárceles extranjeras y El Salvador aparece como la principal de las opciones consideradas.
El político británico Nigel Farage, fundador del partido derechista Reform UK e impulsor del Brexit, presentó un nuevo plan contra la criminalidad en el país y contempla enviar reos peligrosos a prisiones en el extranjero, incluyendo las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Farage, conocido por sus posturas de extrema derecha, aseguró que su iniciativa busca combatir lo que denomina una “Gran Bretaña sin ley”. Propone una política de “tolerancia cero”, saturación de registros policiales en fonas conflictivas, ampliación del sistema penitenciario y la posibilidad de trasladar a los peores delincuentes a cárceles lejos de su territorio.
El plan incluye la construcción de miles de celdas en terrenos del Ministerio de Defensa del Reino Unido, así como la deportación de criminales extranjeros. De concretarse este proyecto, permitiría liberar hasta 10 mil plazas penitenciarias y abriría la puerta a que reclusos británicos cumplan condenas en el exterior.
Algunos medios británicos aseguran que Farage habría mencionado específicamente a El Salvador como un destino posible, destacando el modelo carcelario instaurado por el presidente Nayib Bukele, a quien se le conoce internacionalmente por su política de mano dura.
Farage es admirador de Donald Trump
La propuesta de Farage sigue el camino iniciado por Donald Trump en Estados Unidos, que ya ha enviado a presos extranjeros, en su mayoría latinoamericanos, a la megacárcel salvadoreña. En marzo, al menos 261 personas fueron trasladadas desde territorio estadounidense a El Salvador.
El plan británico, todavía está en etapa inicial y enfrenta interrogantes ya que Farage tendrá que explicar de dónde provendrán los fondos para sostener esta política que implicaría el reclutamiento masivo de policías y posiblemente la construcción o alquiler de instalaciones penitenciarias en el exterior.
Según estimaciones, el crimen en el Reino Unido le cuesta al país hasta 250 mil millones de libras al año (unos 337 millones de dólares).
El anuncio del político ha generado controversia por su enfoque represivo y las implicaciones éticas y diplomáticas de trasladar presos a naciones con contextos y sistemas judiciales diferentes. Algunos sectores han advertido que esto podría representar una externalización de la responsabilidad penal y generar tensiones internacionales.
