Un nuevo informe del instituto académico UCLA Latino Policy and Politics Institute (LPPI) revela que, aunque los latinos son un pilar fundamental de la economía de California, persisten profundas desigualdades estructurales que afectan su acceso a ingresos, vivienda, educación y salud, con implicaciones que trascienden a toda la región.
Los latinos representan el 39% de la fuerza laboral en California, Estados Unidos; lo que equivale a unos 7,8 millones de trabajadores que impulsan sectores clave de la economía estatal. Sin embargo, esta alta participación no se traduce en igualdad de oportunidades ni en estabilidad económica.
El informe señala que el autoempleo en esta comunidad creció un 44% desde 2008, alcanzando cerca de 807.000 personas. Aun así, los empresarios latinos generan en promedio un 38% menos de ingresos que sus pares no latinos, en parte debido a la falta de acceso a capital y a que muchos negocios no están formalmente incorporados.
En materia de vivienda, solo el 45% de los hogares latinos es propietario, frente al 60% de los hogares no latinos. Esta brecha limita la acumulación de riqueza y expone a millones de familias a mayor inestabilidad económica a largo plazo.
El acceso a la salud también refleja desigualdades marcadas. Los latinos tienen tres veces más probabilidades de no contar con seguro médico que los no latinos (12% frente a 4%), cifra que se eleva al 30% entre quienes no son ciudadanos.
En educación, solo el 22% de los latinos entre 25 y 34 años posee un título universitario, muy por debajo del 54% registrado en la población no latina. Esta diferencia impacta directamente en las oportunidades laborales y en los niveles salariales.
Además, el informe advierte que una proporción significativa de trabajadores latinos está expuesta a empleos con alto riesgo de automatización, duplicando los niveles de la población no latina. A esto se suma una mayor exposición a contaminación y a temperaturas extremas en sus comunidades.
Expertos del instituto advierten que cerrar estas brechas no solo es un tema de equidad social, sino una necesidad económica para California. De no abordarse, podrían generarse impactos en el crecimiento estatal, el acceso a vivienda y la estabilidad social en las próximas décadas
