El presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John G. Roberts Jr., emitió este lunes una suspensión temporal de una orden judicial que obligaba al gobierno estadounidense a repatriar a un migrante salvadoreño deportado por error a su país de origen, donde fue recluido en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), en el centro de El Salvador.
La medida, conocida como “suspensión administrativa”, fue dictada de manera unilateral por Roberts y busca dar tiempo a los magistrados del alto tribunal para analizar el caso. La defensa del migrante, Kilmar Armando Ábrego García, deberá presentar sus argumentos el martes.
La decisión de Roberts llegó horas después de que el gobierno del presidente Donald Trump solicitara al máximo tribunal bloquear el fallo emitido por la jueza federal Paula Xinis, quien calificó la deportación como un “grave error que estremece la conciencia”.
Abrego García, de 29 años, fue deportado en marzo a pesar de que una orden judicial de 2019 prohibía su expulsión a El Salvador, debido al riesgo de represalias por parte de pandillas. La jueza Xinis acusó a las autoridades de actuar sin fundamentos legales y de violar el debido proceso.
“Los demandados detuvieron a Abrego García sin autoridad legal, lo trasladaron entre tres centros de detención y lo deportaron a El Salvador, donde fue ingresado en una cárcel infame por violaciones de derechos humanos”, escribió la jueza en su dictamen.
En su apelación de emergencia, el procurador general D. John Sauer acusó a Xinis de extralimitarse en sus funciones y entrometerse en asuntos de política exterior, al requerir coordinación con el gobierno salvadoreño para recuperar al migrante.
“Este precedente permitiría que cualquier corte distrital tenga jurisdicción sobre las relaciones diplomáticas del país con el mundo”, advirtió Sauer.
Además, la administración insiste en que Abrego García pertenece a la pandilla MS-13, ahora catalogada como organización terrorista. No obstante, la jueza Xinis desacreditó esa afirmación, señalando que se basa en “una única alegación no verificada”, sustentada en su vestimenta (una gorra de los Chicago Bulls) y en un informe de un informante anónimo.
Previo a la intervención de la Corte Suprema, un panel de tres jueces del Cuarto Circuito de Apelaciones rechazó unánimemente la solicitud del gobierno para suspender la orden de Xinis. En un fallo contundente, los jueces compararon la deportación de Abrego García con un acto de secuestro oficial.
“El gobierno de EE.UU. no tiene autoridad legal para sacar de la calle a una persona con estancia legal en el país y expulsarla sin debido proceso”, escribió la jueza Stephanie D. Thacker.
El juez J. Harvie Wilkinson III, designado por Ronald Reagan, coincidió en que el gobierno cometió un error, pero advirtió que exigir a Washington que “demande” el regreso del migrante sería exceder los poderes del poder judicial.
El caso ha generado una fuerte tensión entre poderes y plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades judiciales frente a las decisiones del Ejecutivo en temas migratorios y diplomáticos.
La administración Trump sostiene que cumplir con el fallo implicaría que jueces federales puedan intervenir en asuntos internacionales, lo que consideran “inaceptable”.
Además, el gobierno presentó otra solicitud de emergencia relacionada con la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador, amparándose en la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798. Trump invocó dicha legislación al firmar una proclama en marzo que calificó como “invasión” la presencia de miembros del grupo delictivo venezolano Tren de Aragua en EE.UU.
El Departamento de Justicia sostiene que esta medida permite la expulsión de ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra o de incursiones extranjeras, argumento con el cual se busca justificar deportaciones sin el mismo escrutinio judicial.
