Justicia peruana ordena que puerto de Chancay obedezca legislación nacional y rechaza demanda de empresa china

Un tribunal peruano respaldó las facultades del Indecopi para evaluar las condiciones de competencia en el megapuerto de Chancay y rechazó una acción presentada por la empresa china Cosco Shipping, que cuestionaba una posible regulación de tarifas y servicios.

El Puerto de Chancay, en Perú.

El Poder Judicial de Perú rechazó la demanda de amparo presentada por la empresa china Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP) contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en un fallo que ratifica la capacidad del Estado para evaluar las condiciones de competencia en el megapuerto de Chancay.

La resolución fue emitida por el Juzgado Civil de Chancay, perteneciente a la Corte Superior de Huaura, que declaró infundada la acción constitucional promovida por la compañía operadora del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMCH).

La empresa argumentó que las actuaciones del Indecopi representaban una amenaza a sus derechos constitucionales y alteraban las condiciones bajo las cuales desarrolló el proyecto portuario, construido con una inversión privada de $1,300 millones y considerado una de las principales apuestas logísticas de China en América Latina.

Sin embargo, el tribunal determinó que las actuaciones técnicas realizadas por el Indecopi se encuentran dentro de las facultades que le otorgan la Constitución peruana y la legislación vigente para prevenir posibles fallas de mercado que puedan afectar a usuarios y consumidores.

La sentencia valida los criterios contenidos en los oficios y estudios técnicos elaborados por la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia, que concluyeron preliminarmente que no existirían condiciones suficientes de competencia en diversos servicios portuarios ofrecidos dentro del terminal.

Entre los servicios evaluados figuran las operaciones de embarque y descarga de contenedores, los servicios de amarre y desamarre de buques portacontenedores, así como distintos paquetes integrados vinculados al manejo y transbordo de carga.

El análisis fue realizado a solicitud del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional.

Tras conocerse la decisión judicial, Cosco Shipping expresó su desacuerdo con la sentencia y aseguró que el tribunal no abordó los cuestionamientos metodológicos planteados por la empresa sobre el informe técnico elaborado por Indecopi.

La compañía sostuvo que respeta plenamente las competencias del organismo regulador, pero considera que las conclusiones del estudio fueron elaboradas con base en proyecciones y documentos previos al inicio de las operaciones comerciales del puerto, por lo que no reflejan la realidad actual del terminal.

“CSPCP expresa su total discrepancia con la sentencia emitida, e interpondrá el recurso impugnatorio de ley, a efectos de que sea examinada por el órgano superior en grado correspondiente”, indicó la empresa en un comunicado.

En febrero pasado, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima favoreció una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), un fallo que  limitaba las facultades del regulador peruano sobre el megapuerto operado por la estatal china.

El puerto de Chancay, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, tiene capacidad para movilizar hasta un millón de contenedores al año. Pertenece en un 60 % a la estatal china Cosco Shipping y en un 40 % a la minera peruana Volcan. Su objetivo es convertirse en el principal hub de China en Sudamérica.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado preocupación por la imposibilidad de supervisar una infraestructura considerada estratégica. Washington advirtió que el “dinero barato chino cuesta soberanía”, en el marco de su campaña para reducir la presencia china en grandes proyectos latinoamericanos.

 

 

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