Una jueza federal estadounidense ordenó a la administración Trump regresar a Colorado al migrante hondureño Brayan Omar Sánchez Servellón, quien fue deportado hace un mes a República Centroafricana pese a que anteriormente había recibido protección para permanecer en territorio estadounidense bajo la Convención contra la Tortura.
Sánchez Servellón huyó de Honduras hacia Estados Unidos en 2016 y desde entonces residía en Colorado. En 2020, un juez de inmigración le concedió protección bajo la Convención contra la Tortura, lo que impedía su devolución a Honduras pese a que existía una orden final de expulsión en su contra, según documentos judiciales citados por la publicación.
El hondureño fue detenido en mayo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y posteriormente deportado a República Centroafricana. Su traslado formó parte de la política de deportaciones hacia terceros países, es decir, Estados distintos a la nación de origen del migrante y con los que este puede no tener ciudadanía ni vínculos personales.
La jueza federal Regina Rodríguez ordenó al Gobierno estadounidense trasladar nuevamente a Sánchez Servellón a Colorado y dejarlo en libertad bajo su propia responsabilidad, junto con todas sus pertenencias. La resolución establece que su liberación deberá realizarse sin condiciones consideradas gravosas, como monitoreo mediante GPS, obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades u otras restricciones de movilidad.
La deportación hacia República Centroafricana también ocurre pese a que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene para ese país una alerta de viaje de nivel 4. La advertencia recomienda no viajar al territorio centroafricano debido a riesgos relacionados con disturbios, delincuencia, secuestros, problemas sanitarios y terrorismo.
La legislación migratoria estadounidense permite al Departamento de Seguridad Nacional deportar migrantes hacia terceros países bajo determinadas circunstancias. Según la información proporcionada, este mecanismo puede utilizarse cuando existen impedimentos para devolver a una persona a su nación de origen o cuando ese país se niega a recibirla.
Abogados y defensores de migrantes señalan que las deportaciones hacia terceros países habían sido una práctica poco frecuente, pero la administración de Donald Trump incrementó su utilización tras alcanzar acuerdos con distintas naciones para recibir a solicitantes de asilo, refugiados y otros migrantes. Human Rights First estima que unas 25,000 personas han sido enviadas a terceros países bajo esta política.
