Una jueza federal en Arizona bloqueó temporalmente el intento de la administración del presidente Donald Trump de deportar a decenas de niños migrantes de Guatemala y Honduras que viven en albergues o familias de acogida tras ingresar solos a Estados Unidos, informaron medios estadounidenses.
La magistrada Rosemary Márquez, de la Corte de Distrito en Tucson, extendió una medida adoptada durante el fin de semana de Labor Day, impidiendo que el gobierno proceda con la repatriación inmediata de los menores.
La decisión responde a una demanda presentada en Arizona por un grupo de asistencia legal en representación de 57 niños guatemaltecos y 12 hondureños, de entre 3 y 17 años, casi todos bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (HHS) y alojados en albergues en Phoenix y Tucson. Demandas similares han sido interpuestas en Illinoisy Washington D.C.
Los abogados argumentaron que los menores expresaron temor de regresar a sus países de origen y que el gobierno no respeta las leyes que protegen a los niños migrantes no acompañados, incluyendo su derecho a presentar sus casos ante un juez de inmigración, contar con acceso a representación legal y ser ubicados en entornos adecuados a su interés superior.
La administración Trump sostiene que busca actuar “en el mejor interés de los niños”, siguiendo solicitudes del gobierno guatemalteco para reunificarlos con sus familias. Sin embargo, activistas recuerdan que la ley de 2008 obliga a brindar a los menores la oportunidad de solicitar asilo, salvo que provengan de Canadá o México.
El flujo de niños migrantes no acompañados alcanzó su punto más alto en 2022 con 152,060 casos, aunque los cruces ilegales se redujeron en 2025 a los niveles más bajos en seis décadas. Según datos oficiales, los guatemaltecos representaron el 32 % de los menores en custodia federal el último año, seguidos por hondureños, mexicanos y salvadoreños.
La demanda en Arizona fue enmendada para incluir a 12 hondureños que rechazaron regresar a su país y a cuatro guatemaltecos adicionales que entraron en custodia federal tras la presentación del caso el pasado 30 de agosto.
El fallo mantiene en suspenso las deportaciones, mientras la justicia define si el gobierno vulnera los derechos fundamentales de los niños migrantes centroamericanos.
