Un juez federal amplió a todo Estados Unidos la prohibición para que agentes migratorios realicen arrestos en tribunales de inmigración, una medida que supone un revés para la estrategia de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump y que podría derivar en una nueva batalla ante la Corte Suprema.
La orden fue emitida por el juez P. Casey Pitts, del Tribunal del Distrito Norte de California, quien determinó que las políticas aplicadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) carecían de una justificación adecuada y vulneraban normas administrativas federales.
La decisión extiende a nivel nacional una restricción que hasta ahora solo regía en parte de California. En la práctica, impide que agentes migratorios esperen a los inmigrantes en los pasillos de los tribunales para detenerlos inmediatamente después de sus audiencias.
La medida también prohíbe que ICE mantenga por períodos prolongados a personas detenidas en instalaciones destinadas únicamente a procesos de registro e identificación migratoria.
Una política de Trump
La política de arrestos en cortes formaba parte de la ofensiva migratoria impulsada por Trump, que eliminó restricciones para actuar en lugares considerados sensibles, como escuelas, hospitales, iglesias y tribunales. Las imágenes de detenciones frente a familiares y abogados provocaron fuertes críticas de organizaciones civiles y defensores de migrantes.
Además, especialistas señalan que estas acciones provocaron una caída significativa en la asistencia de inmigrantes a sus audiencias. En muchos casos, quienes no comparecen terminan recibiendo órdenes de deportación en ausencia, acelerando los procesos de expulsión.
Pese al revés judicial, la administración Trump obtuvo otras victorias migratorias esta misma semana. La Corte Suprema respaldó la autoridad del Gobierno en un caso relacionado con la deportación de un residente permanente legal, mientras que un tribunal de apelaciones autorizó la expansión de las deportaciones aceleradas a nivel nacional.
Se espera que la Casa Blanca apele el fallo sobre los arrestos en cortes, lo que podría llevar el caso nuevamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.