Una corte federal en Estados Unidos ordenó este miércoles la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño con residencia legal en Maryland, quien fue encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador tras una deportación masiva sin audiencia.
La resolución, emitida por el juez Waverly Crenshaw en Tennessee, concluyó que el gobierno federal no logró demostrar que Ábrego represente una amenaza para la comunidad. Sin embargo, su liberación fue aplazada por 30 días, luego de que una corte superior acogiera la solicitud de su defensa para evitar una deportación inmediata.
En paralelo, la jueza Paula Xinis, en Maryland, también emitió una orden que exige al gobierno notificar con al menos 72 horas de anticipación cualquier intento de deportación futura. Además, dispuso que Ábrego sea trasladado de regreso a su residencia habitual en Maryland, medida que busca proteger su derecho al debido proceso.
JUST IN: A federal judge has blocked the Trump administration, including ICE, from detaining Kilmar Abrego Garcia upon his release from criminal custody in Tennessee.
Read more: https://t.co/rvm6dZ58Em pic.twitter.com/SMORTAyG6V
— ABC News (@ABC) July 23, 2025
Ábrego, quien lleva más de una década residiendo legalmente en Estados Unidos, fue detenido en marzo de 2025 y repatriado a El Salvador, donde fue ingresado al CECOT a pesar de contar con estatus migratorio que impedía su expulsión. Su caso atrajo la atención de organizaciones de derechos humanos al convertirse en ejemplo de deportaciones realizadas sin revisión judicial previa.
Según su equipo legal, Ábrego huyó de su país natal tras sufrir amenazas y extorsiones por parte de la pandilla Barrio 18. En respuesta a las críticas, autoridades estadounidenses intentaron vincularlo con la MS-13, aunque no existían cargos formales en su contra en ese momento.
Posteriormente, fue trasladado a Tennessee para enfrentar un proceso por presunto transporte de personas indocumentadas, acusación que su defensa considera como un recurso legal para justificar su expulsión.
Organizaciones defensoras de migrantes han denunciado el caso como una grave violación al debido proceso, equiparándolo a una desaparición forzada. Argumentan que personas como Ábrego han sido capturadas sin derecho a defensa, ignorando sus antecedentes migratorios legales y sus condiciones de vulnerabilidad.
El caso se suma a una serie de decisiones judiciales recientes que cuestionan los procedimientos migratorios implementados durante y después del mandato de Donald Trump, especialmente aquellos vinculados a deportaciones sumarias sin revisión individual.
Por ahora, Kilmar Ábrego permanecerá bajo resguardo legal mientras se analiza el futuro de su situación migratoria, aunque la orden judicial representa una victoria parcial para su defensa y para quienes denuncian abusos contra migrantes con estatus legal en los Estados Unidos.
