Un juez federal de Massachusetts autorizó al Gobierno de Estados Unidos a aplicar nuevas restricciones a los permisos de trabajo para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) procedentes de El Salvador, Ucrania y Sudán, al rechazar una solicitud para suspender de forma preliminar la medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
La decisión judicial permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) poner en marcha la terminación de las autorizaciones de empleo que inicialmente estaba prevista para el 22 de julio, pero que permanecía suspendida por una orden temporal del tribunal hasta el 5 de agosto de 2026.
El juez del Tribunal de Distrito de Massachusetts, Nathaniel Gorton, concluyó que los demandantes no demostraron tener suficientes probabilidades de éxito en el proceso judicial para bloquear la aplicación de la nueva política. No obstante, mantuvo suspendidas de manera temporal las sanciones relacionadas con el pago de una nueva tarifa anual para solicitantes de asilo.
La demanda fue presentada en julio por la Asociación Venezolana de Massachusetts, que argumentó que el USCIS violó la Ley de Procedimiento Administrativo al aplicar de forma retroactiva disposiciones de una ley tributaria y de gasto aprobada en 2025 a solicitantes de asilo y beneficiarios del TPS con trámites pendientes.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa, los permisos de trabajo para los beneficiarios del TPS quedarán limitados a un año de vigencia, incluso para quienes anteriormente habían recibido prórrogas automáticas bajo regulaciones que posteriormente fueron eliminadas por el USCIS.
En su resolución, el juez sostuvo que la agencia federal “simplemente ha confirmado la intención de la ley” al establecer que las extensiones previamente concedidas no podrán superar un año contado desde la publicación del aviso emitido en el Registro Federal en julio de 2025.
Tras conocerse el fallo, los demandantes notificaron que presentarán una apelación ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos para intentar revertir la decisión. La representación legal de los demandantes está a cargo de Democracy Forward, Asylum Seeker Advocacy Project y National Day Laborer Organizing Network, mientras que el Gobierno es defendido por el Departamento de Justicia.
La resolución podría afectar de manera inmediata a miles de beneficiarios del TPS de países como El Salvador, Ucrania y Sudán, quienes podrían perder su autorización para trabajar en Estados Unidos durante los próximos días como consecuencia de la aplicación de las nuevas disposiciones migratorias.