Guatemalteco deportado por error regresa a Estados Unidos por orden judicial

Un migrante originario de Guatemala volvió esta semana a suelo estadounidense tras ser trasladado por error a otro país, en un caso que sienta un precedente legal bajo la actual administración.

Imagen con propósitos ilustrativos, tomada de redes sociales.

Un ciudadano guatemalteco que había sido deportado erróneamente a México ha regresado a Estados Unidos, según su equipo legal, marcando un precedente inédito durante la administración de Donald Trump: es la primera vez que el Gobierno facilita el retorno de un migrante tras una orden judicial federal.

El hombre, identificado en el proceso legal solo por las iniciales O.C.G., aterrizó el miércoles en territorio estadounidense, informó la cadena CNN. 

La abogada Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, indicó que el migrante logró contactar a sus defensores tras arribar al país, aunque su ubicación actual y el lugar de su eventual detención por parte del Departamento de Seguridad Nacional aún no han sido confirmados.

O.C.G. fue deportado a México a pesar de que una corte en febrero le había concedido protección humanitaria, al determinar que enfrentaba riesgos para su vida fuera de Estados Unidos. No obstante, en mayo fue expulsado a territorio mexicano, en aparente contradicción con dicha resolución judicial.

El pasado viernes, el juez Brian Murphy, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, ordenó al Ejecutivo facilitar su retorno inmediato, al considerar que su expulsión había sido un error. En cumplimiento de ese mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó al tribunal que, junto con la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO), había coordinado el regreso del migrante en un vuelo chárter.

El caso ha generado atención nacional, no solo por el fallo judicial que forzó el retorno del migrante, sino también por el precedente que sienta en el contexto de las políticas migratorias restrictivas promovidas por la administración Trump. Para los defensores de derechos humanos, el caso de O.C.G. evidencia los riesgos de deportaciones aceleradas sin el debido análisis individual.

Exit mobile version