El gobierno de Donald Trump está impulsando un plan sin precedentes para repatriar a más de 600 niños guatemaltecos que se encuentran bajo custodia de Estados Unidos.
La medida que, genera preocupación entre defensores de los derechos de la niñez y expertos en migración, se ejecutaría a través de un programa piloto coordinado con el gobierno de Guatemala.
Según un informe de la cadena CNN, la administración Trump ha identificado a cientos de menores de edad guatemaltecos sin padres en Estados Unidos y analiza enviarlos de vuelta a su país de origen.
Actualmente estos niños permanecen bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a la espera de ser entregados a un familiar o tutor que pueda cuidarlos mientras avanzan sus procesos migratorios.
Las autoridades estadunidenses han calificado estas acciones como “repatriaciones voluntarias” y no deportaciones. Sin embargo, especialistas en derechos migratorios advierten que la mayoría de los menores de edad carecen de asesoría legal y no comprenden en realidad lo que les implica aceptar una salida voluntaria del país.
Organizaciones defensoras de la niñez señalan que, por ley, los niños migrantes no acompañados deben contar con la revisión de un juez de inmigración antes de aceptar su retorno.
Este paso busca garantizar que las decisiones sean voluntarias y que el menor de edad no corra riesgos al regresar a su lugar de origen.
Niños migrantes bajo custodia
Actualmente hay cerca de 2.000 niños migrantes bajo custodia de Estados Unidos, la mayoría provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Pese a la magnitud del tema, ni el HHS ni el Departamento de Seguridad Nacional han dado comentarios oficiales mientras que la embajada de Guatemala en Washington se negó a pronunciarse.
La administración Trump ha justificado la medida señalando que busca proteger a los niños migrantes de situaciones de trata y abandono en Estados Unidos.
Funcionarios del gobierno aseguran que existen miles de menores de edad que fueron entregados a patrocinadores no verificados durante la administración de Joe Biden, lo que pondría en riesgo su seguridad.
A pesar de estos argumentos, las críticas no se han hecho esperar. Especialistas en derechos humanos sostienen que bloquear la entrega de los niños a familiares en Estados Unidos únicamente por su nacionalidad constituye una violación de las normas federales de protección infantil.
Además, advierten que muchos de estos menores huyeron de la violencia y de las pandillas en sus comunidades de origen, por lo que regresar podría exponerlos a nuevos peligros.
Los tiempos de custodia también se han extendido de forma preocupante. De un promedio de 67 días en diciembre de 2024, ahora los menores permanecen detenidos alrededor de 187 días, mientras se endurecen los filtros y requisitos para su liberación. Esto según defensores, está generando mayor desesperación entre los niños y sus familias.