Por Benigno Alarcón, Universidad Católica Andrés Bello
Después de una serie de negociaciones manejadas bajo el más absoluto hermetismo entre los gobiernos de EE. UU. y Venezuela, el pasado 17 de octubre la oposición y el gobierno firmaron en Barbados un acuerdo parcial para celebrar elecciones en 2024.
El hecho de que se retomaran las negociaciones iniciadas en 2021 en México, y que pocos días después se celebraran las primarias de la oposición, hizo disparar las expectativas sobre las posibilidades de una salida a la grave situación política del país –origen de buena parte de sus problemas económicos y sociales–.
Todos los intentos previos de acuerdo fracasaron al llegar al punto de las concesiones políticas y las garantías electorales que debía ofrecer el gobierno a sus opositores.
En cualquier caso, persisten las dudas sobre la viabilidad de una transición negociada en Venezuela. Sobre todo después de que el tribunal supremo venezolano invalidara el proceso electoral opositor.
¿Fuera o sobre (la mesa)?
Lo que puede obtenerse fuera de la mesa de negociación compite con lo que se coloca sobre la mesa de negociación. Alcanzar un acuerdo no solo depende de lo que sucede en la negociación entre las partes sino también del cálculo costo/beneficio que cada una hace al comparar lo que puede conseguir del proceso frente a lo que puede obtener –o mantener– por otros medios.
Muchos de los investigadores dedicados a estudiar y explicar las variables clave de los momentos de transición política han identificado patrones comunes en procesos con dinámicas históricas y sociales muy distintas. Entre estos patrones comunes está lo que el politólogo estadounidense Robert Dahl llamó el balance entre costos de tolerancia y costos de opresión.
Mantener el ‘statu quo’
Cuando se está en presencia de regímenes que han ejercido el gobierno de manera autoritaria, y sobre todo durante un largo período de tiempo (como en el caso de Venezuela), todo movimiento hacia la alternancia en el poder se convierte en una amenaza real para los intereses, el patrimonio, la seguridad y la libertad de quienes se benefician del statu quo.
En ese sentido, un gobierno con vocación autoritaria, que ha recurrido al uso de la fuerza, la violación de derechos humanos y la manipulación del estado de derecho, y cuyos actores esenciales podrían ser procesados penalmente, se encontrará ante un dilema cuando la presión por reformas democráticas o el poder de los grupos de oposición crezca.
En el caso de Venezuela, el proceso de cambio político tendrá que ser resuelto considerando la relación costo/beneficio entre tolerancia y opresión.
Tolerancia u opresión
El costo de la tolerancia se refiere al grado de aceptación de cambios que pueden incrementar el poder de los grupos de oposición y poner en riesgo la continuidad del gobierno, así como la riqueza, el statu quo, la libertad y la seguridad misma de las élites gubernamentales.
El costo de la opresión es el que el gobierno estaría dispuesto a asumir si fuese necesario, e incluso por medio del uso de la fuerza, para evitar elecciones u otras decisiones que pudieran implicar un cambio político. Este costo se expresa en términos de legitimidad, pérdidas económicas (para el país y para el gobierno) e incluso en pérdida de vidas humanas. Todo a cambio de mantenerse en el poder.
Opresión (manifestada en forma de represión pero también mediante apertura de procesos judiciales, fiscales, administrativos, manipulaciones clientelares, entre otros) y tolerancia (entendida como la disposición a permitir un cambio de actores y reglas en el ejercicio del poder) son las dos estrategias disponibles para un régimen autoritario. Pero ambas tienen costos y beneficios.
En la medida en que el costo de la opresión se vuelva inmanejable para el gobierno, o exceda al de la tolerancia, mayores serán las posibilidades de que éste coopere y permita más competitividad electoral real y una transición política.
Decisión racional
Desde la perspectiva de la teoría de juegos, el escenario político venezolano, donde los costos de transición para quienes están en el gobierno pueden ser potencialmente elevados, coincide con el dilema de prisionero. Esto es, que sus decisiones racionales les llevan a una situación inicial de no cooperación al proceso de apertura democrática, tanto por la búsqueda de la mayor ganancia individual posible como para evitar situaciones que, si la otra parte decide no cooperar, les coloquen en peores resultados que los que podrían obtener no cooperando.
Tenemos, pues, una situación inicial que dificulta la cooperación de los actores involucrados: los costos de tolerancia no juegan a favor de la cooperación porque quienes ocupan el poder tendrían mucho que perder si no pueden garantizarse la cooperación del otro.
Si a eso se le añade el factor opresión, las posibilidades de cooperación se reducen aún más, pues en una situación de conflicto asimétrico la ganancia que obtendría la parte más poderosa de la cooperación recíproca no es más atractiva que lo que ya tiene no cooperando.
Alto costo
En el caso particular de Venezuela, los costos de tolerancia son muy altos para los actores gubernamentales por el riesgo que supondría para el gobierno enfrentar los presuntos actos de corrupción, las investigaciones sobre delitos perseguibles internacionalmente y la violación de derechos humanos. Y en comparación, los costos de opresión resultan relativamente bajos.
Las potenciales consecuencias de cualquier posible cambio en lo político pondrían a muchos de los actores de la élite gubernamental en una situación de muy alta vulnerabilidad.
Difícil balance
Esta situación, que combina altos costos de tolerancia y bajos costos de opresión, genera un juego asimétrico en el que una de las partes, el gobierno, mantiene mayores incentivos para no cooperar.
La resolución del dilema entre permitir o no el cambio político dependerá, en esencia, de la estimación que haga el gobierno del balance entre sus potenciales costos de tolerancia a un cambio político y los costos de mantener el poder por la fuerza, de ser necesario.
En un escenario cuyo balance es de mayores costos de tolerancia que de opresión, los incentivos para cooperar y alcanzar una solución negociada para quien puede imponerse por la vía represiva son y serán inexistentes mientras no cambie el equilibrio entre ambas variables.
Benigno Alarcón, Director of the Center for Political Studies, Universidad Católica Andrés Bello
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
